El actual escenario de impunidad en nuestro país nos obliga a buscar una nueva forma de concebir la seguridad pública, priorizando el respeto de la dignidad humana, además de buscar construir políticas integrales a partir de las causas que generan y perpetúan los altos niveles de inseguridad en el país, como la desigualdad social, la corrupción y la impunidad, expuso Bernardo Rodríguez Alamilla, integrante de la Organización Civil Iniciativa Ciudadana Oaxaca.
Durante la inauguración del taller para formadores y replicadores sobre “Resolución pacífica de conflictos”, realizado este lunes 8 de enero, el también consejero ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Rodríguez Alamilla, expuso que dicha acción se enmarca en un proceso integral de formación, actualización y profesionalización de las policías municipales, con el objetivo de generar políticas innovadoras para que, al ser evaluadas, consideren replicarlas en otros municipios del estado para avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos.
Al participar en la actividad que forma parte de las acciones del Laboratorio de Cohesión Social II que realiza la Defensoría en colaboración con la Unión Europea, Rodríguez Alamilla puntualizó que una de las obligaciones de cualquier estado que se presuma democrático es la de asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos, en su relación con la seguridad ciudadana, a partir del diseño y aplicación de políticas públicas integrales.
El integrante del Consejo Ciudadano de la Defensoría señaló que esta situación nos exige replantearnos las relaciones entre las instituciones encargadas de la seguridad y los ciudadanos bajo un enfoque de derechos, en el que, por una parte, se reconozca la importancia de fortalecer la participación democrática y la aplicación de políticas centradas en la protección de la persona humana, en lugar de aquellas que privilegian afianzar la seguridad del Estado o de un determinado orden político.
Rodríguez Alamilla subrayó lo fundamental de reconocer el papel que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan en la protección del derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de las personas a partir de sus calificaciones, capacitación, conducta y necesidades personales.
Agregó que en la sociedad existen infinidad de actividades en las cuales se presentan conflictos; sin embargo, hay un desconocimiento de las herramientas para procesarlos, lo cual muchas veces lleva a situaciones que pudieron haberse evitado mediante la gestión pacífica ante tales conflictos.
El Consejero Ciudadano de la Defensoría recalcó que estos procesos no pretenden que las fuerzas de seguridad pública dejen de perseguir delitos, sino dotar de herramientas a los cuerpos policiacos municipales para que estén seguros de cuando están en presencia de una actividad delictiva, y cuando no sea este el caso, entonces traten de intervenir en forma pacífica.
Rodríguez Alamilla señaló que cualquier modelo que busque afrontar las raíces de las crisis que vivimos en materia de seguridad pública, será inoperante si no se fortalecen las capacidades de las instituciones civiles encargadas de ello.
Esto –finalizó– implica un nuevo modelo de relación entre las instituciones y los ciudadanos, cuidadoso de los derechos humanos, pues de esa manera se logrará restaurar el respeto y la confianza en ellas, y sólo en ese momento “podremos ir vislumbrando un verdadero horizonte de paz en nuestras sociedades”.
Por su parte, Diana Alva Pazarán, Coordinadora de la Acción Derechos Humanos para la Cohesión Social para la Defensoría oaxaqueña, destacó que este programa se realiza con apoyo de la Unión Europea, de diversas instituciones públicas y de la sociedad civil.
Agregó que, para dicho taller, la Defensoría colabora con un equipo interdisciplinario de expertos, entre ellos, el maestro Michael William Chamberlin Ruiz, quien es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el activista y defensor de derechos humanos Pablo Romo Cedano; la activista Sandra Alicia Velasco Herrera, y Antonio Esparza Santos, integrante de organizaciones defensoras de derechos humanos de Torreón, Coahuila.
En este proceso participan alrededor de 50 elementos de las policías municipales y federal, además de capacitadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado. En la ceremonia realizada en la sede de la Defensoría ubicada en Arteaga 414, en el centro histórico de la capital oaxaqueña, participó también el director general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SSP, Héctor Quiroz.
