La Jornada.
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 11 recomendaciones por violaciones graves a las garantías fundamentales, de las cuales sólo una se ha cumplido en su totalidad, y el resto continúa en trámite.
Fue 2017 el año en que más recomendaciones de este tipo se han emitido, con cinco. Las otras seis se han dado de la siguiente manera: una en 2012, una en 2013, dos en 2014, una más en 2015 y una en 2016. La categorización de violaciones graves a derechos humanos es una facultad que la reforma constitucional en la materia de 2011 otorgó al organismo nacional, hoy presidido por Luis Raúl González Pérez.
En las recomendaciones se ha señalado como responsables a varias autoridades federales, estatales y municipales, que suman 30 ocasiones en las que se han violentado de manera grave las garantías de las víctimas. Esto de acuerdo con el Informe de seguimiento de recomendaciones entregado recientemente por la CNDH al Congreso.
Las instancias federales más señaladas son la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Procuraduría General de la República (PGR), con cuatro recomendaciones cada una; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con dos, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una.
En el ámbito estatal se han hecho dos señalamientos a los gobiernos de Tamaulipas, Michoacán y Veracruz; uno a los gobiernos de Nuevo León, estado de México, Sonora, Puebla, Oaxaca y Guerrero; además de uno a las siguientes fiscalías estatales: de Sonora, de Oaxaca y de Veracruz, al igual que al Congreso de Guerrero.
Mientras que a escala municipal se ha encontrado como autoridad responsable en una ocasión a los ayuntamientos de Apatzingán, Michoacán; de Hermosillo, Sonora; y de Papantla, Veracruz.
De estas 11 recomendaciones por violaciones graves, dos fueron reclasificadas durante la gestión al frente de la CNDH de Luis Raúl González Pérez. Del total, tres casos se dieron durante el gobierno de Felipe Calderón, siete en el de Enrique Peña Nieto y en uno más se presentaron en el transcurso de ambos sexenios.
La primera se emitió en 2012 y fue por los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011, cuando elementos federales y estatales dispararon contra varios normalistas de Ayotzinapa, lo que dejó al menos dos muertos. En 2013 se emitió la recomendación general por la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2011, que se reclasificó como violaciones graves años más tarde.
La única recomendación cumplida en su totalidad es la dirigida al gobierno de Puebla por el caso del desalojo violento el 9 de julio de 2014 en Ocoyucan, que causó la muerte de un menor de edad.
