La Jornada.
Ciudad de México. El Titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos (ACNUDH) en México, Jan Jarab afirmó que durante este año electoral por la magnitud y coyuntura política que habrá en el país y que generará una conflictividad social; se podría provocar un aumento en el riesgo en la labor de los defensores de derechos humanos.
Sostuvo que el trabajo que realizan los defensores de los derechos humanos por su trascendencia debiera ser un orgullo nacional porque exige un altísimo compromiso y valentía, sin embargo a menudo son desprestigiados o obstaculizados en su trabajo, sufriendo agresiones.
Al acudir a la explanada de San Salvador Atenco donde se reunió con representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que luchan contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y defensores de la tierra, agua y derechos humanos en territorio mexiquense; Jan Jarab señaló que el trabajo que desempeñan es fundamental para un estado democrático de derecho.
“En este año que apenas empieza, Carlos Rodríguez, Lupita Campo Amor, Pamela Montenegro, son ya tres víctimas que pagaron su valentía con su vida, otro Agustín Silva sigue desaparecido. Pero no solamente sus voces se han acallado, hay otros muchos tipos de ataques, amenazas, acoso judicial, despojo, daño de material de trabajo, incluso criminalización, y también estas represalias arrebatan a la sociedad de sus voces más críticas, son tal vez menos visibles, pero inhiben la labor y fomentan la autocensura”, dijo.
Destacó que el estado de México es en el que más personas reciben protección del Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, lo cual demuestra la peligrosidad de ese territorio para su quehacer.
Abundó que la oficina que preside ha estado alerta y seguido los casos de las mujeres denunciantes de agresiones y víctimas de tortura del caso Atenco, las amenazas en Coyotepec y Tecámac por su lucha por el derecho al agua; y en la defensa del territorio, están los casos del FPDT en 3 y la comunidad de Xochicuautla. “Estás personas defensoras no ha estado exentas de ataques, acosos o criminalizaciones”.
Sostuvo que es necesario proteger a los defensores de derechos humanos y a quienes luchan por el agua, la tierra, el medio ambiente; los que luchan por el acceso a una vivienda digna, a la libertad de expresión, a la justicia; los que combaten la violencia contra las mujeres en todas sus formas, y a los familiares de las personas desaparecidas. Aseguró que ese deber recae, naturalmente, en el Estado.
“Por supuesto estamos conscientes de como esa labor es particularmente importante y también peligrosa cuando se enfrenta a la política de megaproyectos que junta intereses políticos y económicos y a menudo genera una fuerte deslegitimización, estigmatizando a las personas defensoras como enemigas del desarrollo. La respuesta a esa necesidad, tiene que pasar por estrategias claras y reales para proteger a los defensores; pero de nuevas agresiones en su contra y combatir la impunidad que persiste”.
“En este marco cabe destacar la necesidad de consultar a los pueblos indígenas, antes de emprender proyectos económicos que afecten sus territorios, urge que estas consultas sean verdaderamente previas, libres, informadas y culturalmente adecuadas y evidentemente que sean consultadas también las comunidades no indígenas cuando los proyectos afectan a sus intereses”, expresó.
El Titular de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos en México escuchó cada uno de los problemáticas de las organizaciones de los pueblos aledaños y del estado de México en su lucha por el agua, los sistemas comunitarios, a una vivienda digna, medio ambiente, a la educación, contra los magaproyectos, contra los feminicidios y las agresiones a los defensores de derechos humanos.
América del Valle del FPDT sostuvo que las organizaciones que lucha en los diversos ámbitos contra los abusos y megaproyectos no van a parar hasta que las agresiones por parte del Estado cesen.
“Actualmente se vive una crisis de violencia inédita resultado de las políticas neoliberales que nos han impuesto en las ultimas décadas y que los pueblos. Ello nos coloca en una posición aún más vulnerable puesto que constantemente estamos siendo atacados como defensores de nuestros territorio, nuestros recursos y nuestra vida, enfrentàndonos al lucro y la barbarie que el capitalismo-neoliberal representa”.
Destacó que es urgente un protocolo integral de protección a personas defensoras en aras de que no sean agredidos o criminalizados por el Estado, es decir, dijo, un protocolo que pueda asegurar que las personas defensoras no pongan en riesgo sus vidas al salir a luchar por la vida y la dignidad del pueblo.
José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” apuntò que los pobladores de las comunidades del estado de México viven bajo una violación permanente y sistemática de los derechos humanos.
Acusó la intención del Estado de blindarse atravès del despliegue de leyes represivas como la Ley Eruviel y la nueva Ley de Seguridad Interior, para legitimar el despliegue del uso de la fuerza física en casos de protestas y manifestaciones populares, para herirnos o asesinarnos y aún así, salir impunes.
En el encuentro, también participaron representantes del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa (MMCRE-CNTE), del comité en defensa del agua de Tecámac, de los pueblos afectados por la extracción del material pétreo para la edificación del NAICM, entre otras organizaciones.
