La Jornada.
Ciudad de México. Del total de solicitudes de asilo presentadas en México durante 2017, que ascendieron a 14 mil 596, las autoridades mexicanas tienen pendientes por resolver poco más de la mitad, 7 mil 719, lo que evidencia las dificultades para que miles de personas puedan acceder al derecho a la condición de refugiado.
Así lo informaron integrantes del Grupo Articulador México en conferencia de prensa en la que se presentó el Plan de acción de Brasil 2014-2017 (una hoja de ruta en común a escala regional para fortalecer la protección y promoverá soluciones sostenibles para personas refugiadas).
El año pasado, la Comisión Mexicana de Apoyo al Refugiado (Comar) sólo mil 907 personas fueron reconocidas con la condición de refugiadas.
Gabriel Godoy, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señaló que por un lado el Estado mexicano participa e impulsa acuerdos globales en favor de los migrantes, como la Convención sobre el Derecho de las Personas Migrantes y sus Familias o las consultas sobre las garantías de este sector ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero por el otro cierra las puertas al derecho al refugio de miles de personas. Dio un dato: nuestro país tiene 0.048 refugiados por cada mil habitantes, en tanto que naciones como Líbano o Uganda, tienen 173 y 24, respectivamente, por cada mil habitantes.
“En los procedimientos de la Comar, personas solicitantes de asilo o ya reconocidas con una forma de protección internacional, manifiestan la imposibilidad de acceder libremente a sus derechos económicos, sociales y culturales de forma transversal a lo largo del territorio nacional”, se asienta en el informe presentado esta mañana.
Alejandra Macías, del Grupo Articulador México, indicó que el número de solicitudes no resueltas el año pasado no sólo se paralizaron por los sismos de septiembre, sino que desde antes de esos eventos, ya había retraso de parte de las autoridades nacionales.
En la conferencia se remarcó que la recomendación 35/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de representar un estudio de fundamentación jurídicas sobre derechos particulares de solicitantes de asilo en México, también implica una primera propuesta de solución para el problema de las condiciones de los solicitantes del país.
