La Jornada.
Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó en el Senado que a pesar de que en la última década se ha realizado “innegables avances” en la creación de instituciones y leyes para proteger a las mujeres, la violencia contra ellas lejos de disminuir enfrenta un grave incremento, en su manifestación más extrema y brutal, que es la privación de la vida.
Al participar en el foro “El feminicidio en México: Retos y perspectivas desde la sociedad civil”, organizado por la Cámara Alta el ombudsman refirió que El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que los homicidios dolosos de mujeres en el país pasaron de 1755 en 2015 a 2585 en 2017, un incremento de 47.29 por ciento en tan sólo dos años.
De ese total, en 2015 se habían calificado como feminicidios 389 casos y pasaron a 671 en 2017, un aumento del 72.49 por ciento.
El ombudsman nacional subrayó que los niveles de violencia que sufren las mujeres “son muy altos, intolerables y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, situación que se agrava si tomamos en consideración que la mayoría de esos homicidios o lesiones, es muy probable que continúen en la impunidad”.
González Pérez dijo que niñas, mujeres, jóvenes adultas y en edades avanzadas viven un infierno constante de sufrir algún tipo de violencia, “prácticamente todas”, en algún momento de su vida han sufrido violencia o han experimentado amenaza por el simple hecho de ser mujeres.
Advirtió que la impunidad, al igual que sucede en el caso de otras conductas ilícitas propicia que el ejercicio de la violencia se perpetué y se desarrolle. “Debemos todos y todas estar conscientes de los evidentes costos de la pasividad, la tolerancia y la indiferencia ente estas conductas”.
Muertes innecesarias
Apuntó que a la fecha en 29 entidades del país se han decretado alertas de género, “lo cual nos muestra la gravedad de la crisis y la necesidad de redoblar esfuerzos para hacer cumplir la ley y garantizar la vigencia de derechos para todas las personas”.
Ante senadoras y ONG’s el titular de la CNDH sostuvo que la alerta de género “es una herramienta insuficiente” para hacer frente a esta realidad que lastima a la sociedad por ello pidió modificaciones a la misma.
Aseveró que se requiere voluntad política y capacitación de quienes están en las fiscalías para que la persecución de los delitos contra las mujeres sean investigados con perspectiva de género.
Refirió que el año pasado presentó un diagnostico para modificar la alerta de género, porque esta es perfectible. “La alerta de género no tiene efectos inmediatos en la disminución del feminicidio pero sí sienta las bases para comenzar a combatir la impunidad y a posicionar el problema de violencia contra las mujeres en las agendas estatales y municipales”.
Planteó revisar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para aclarar los plazos de la alerta de género en sus distintas fases; regular en la ley y su reglamento que tanto en Poder Judicial como el poder legislativo y los gobiernos municipales sean interlocutores para hacer frente a la violencia feminicida; ampliar la convocatoria cuando un procedimiento esté por iniciar y se propicie que más académicas y académicos puedan participar y fortalecer, ampliar y asegurar la entrega de recursos etiquetados para las alertas, para que los gobiernos “La acepte como una tarea de responsabilidad y no como un castigo o cacería de brujas a gobiernos locales”.
Al poder Ejecutivo le recomendó fortalecer las instancias federales que se ocupan de los procedimientos de la alerta; involucrar a todas las instituciones del Estado; asegurar los cambios y transiciones de gobierno no obstaculicen o frenen el cumplimiento de las acciones recomendadas por las declaratorias de alerta y hace público los informes de seguimiento de estados donde se decidió no decretar la alerta.
