La Jornada.
Ciudad de México. Después de varios diferendos públicos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron acuerdos de colaboración en los que destaca el acceso de los magistrados al Sistema Integral de Fiscalización y la instrumentación de un sistema de notificaciones electrónicas que permitirá agilizar estas etapas que favorezca una comunicación mucho más ágil.
Al explicar la relevancia del acuerdo, la magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora dijo que con independencia de “los disensos naturales y necesarios” de las instituciones en una democracia, está clara la importancia de la colaboración entre ambas partes. “Si a una institución le va mal, le va mal a todos el sistema y por el contrario, los logros de una institución produce que le vaya bien a todo el sistema en su conjunto”.
A su vez, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova destacó el intercambio académico que habrá entre ambas instituciones, lo que permitirá al personal del INE conocer cuales son las últimas vertientes conceptuales que ha establecido el TEPJF para su aplicación en el desempeño del INE.
En especial, Otálora subrayó la importancia del acuerdo en materia de fiscalización a efecto de que el TEPJF pueda tener acceso a un modelo en el cual se detallan el esquema de ingresos y destino de los recursos de los actores políticos. Al tratarse de una de las elecciones más fiscalizadas de la historia y ante la obligatoriedad de elaborar dictámenes en los plazos breves, obligará al INE a desplegar una gran cantidad de recursos humanos y técnicos.
Para el Tribunal –agregó Otálora, este acceso a los instrumentos electrónicos de fiscalización le ayudarán a contar con todos los elementos para calificar y decretar la validez de los comicios.
Córdova señaló que la colaboración interinstitucional generará sinergias que redundarán en que ambas instituciones puedan cumplir sus roles específicos en el proceso electoral. Córdova de nueva cuenta conminó a los funcionarios de los tres niveles de gobierno a no intervenir ni involucrar recursos públicos en el proceso electoral.
