El Universal.
Ciudad de México. Con motivo del 10 de mayo, al menos 100 madres de familia originarias de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, en la Sierra Norte de Oaxaca, denunciaron la pasividad de autoridades estatales y federales para atender el conflicto que desde hace un año les impide contar con agua para satisfacer sus necesidades básicas de aseo y alimentación.
A través de un comunicado dirigido a los gobiernos estatal y federal, y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), las mujeres dijeron estar “cansadas, enojadas y preocupadas” de que se atente contra sus familias, pues desde hace 11 meses habitantes del municipio vecino de Tamazulapan del Espíritu Santo invadieron el paraje llamado “El Manantial”, que surtía de agua a Ayutla.
Desde entonces las madres de familia tienen que satisfacer su consumo diario con pequeñas porciones de agua que transportan en cubetas y tambos desde afluentes dispersos en la comunidad, pues no tienen acceso al agua potable.
En el escrito el centenar de mujeres recuerdan que junio de 2017 los invasores del municipio vecino asesinaron a Luis Juan Guadalupe y secuestraron a varias mujeres, despojaron a familias de parcelas de cultivo y destruyeron el tanque de agua y la tubería que la conducía hasta la comunidad.
“Hoy tenemos que racionar el vital líquido para la comida, ya no nos alcanza para lavar la ropa ni para bañar a nuestros hijos. En un principio, el Gobierno del Estado envío unas pipas, pero sólo acarrearon el agua unos días, se retiraron con el pretexto de que no hay dinero para el combustible”, explican.
Las madres de familia calificaron la situación como un “estado de excepción” puesto que ni la ley ni la fuerza pública ha llegado a Ayutla y detallaron que aunque recientemente Tamazulapam había cedido a la reconección del manantial, el día 8 de mayo que acudió un grupo de funcionarios y policías para llevar a cabo la instalación, los habitantes de Tamazulapam se posesionaron de nuevo del lugar e impidieron que se tomara agua, con la intención de quedarse con las tierras.
Las mujeres recriminaron a la profesora Rosalina Nuñez Martínez, presidenta municipal de Tamazulapam, por no detener los agravios de su comunidad y cuestionaron al gobernador Alejandro Murat, al secretario general de Gobierno, Hector Anuar Mafud; al fiscal general del estado, Ruben Vasconcelos; al defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, quien se hará responsable de los agravios y las continuas agresiones contra Ayutla.
“Nos piden confiar en el derecho, en las instituciones y en la consciencia social, pero hasta ahora todo el gobierno ha callado y nos han dejado solas, después de tantos agravios nuestra comunidad ha apostado a la paz y la justicia, pero estas no llegan (…) Nos duele también que para el Gobierno del Estado no asuma su responsabilidad y nos dejen morir de sed”, señalaron.
Sobre Tamazulapan del Espíritu Santo pesan históricamente acusaciones de despojo de tierras de parte de otras comunidades colindantes como Asunción Cacalotepec, Tlahuitoltepec y Santa María Tepantlali.
