Oaxaca de Juárez. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana ante el riesgo en que se encuentran en estos comicios no sólo los candidatos a puestos de elección popular y su entorno, sino periodistas, personas defensoras de derechos humanos, funcionarios y observadores electorales, así como la ciudadanía en general, por lo cual el organismo defensor demandó que el Estado, mediante las instancias que correspondan, garantice el derecho a la seguridad pública como medio para el ejercicio libre de los derechos humanos.
Ante el anuncio del compromiso del gobierno estatal del reforzamiento de las medidas de seguridad con miras a los próximos comicios, y en un esfuerzo para contribuir a estas medidas, el organismo defensor emitió una Alerta Temprana, dirigida en primer lugar al presidente de la República, para que implemente las acciones necesarias tendientes a garantizar el derecho al voto en condiciones de seguridad para todas las personas que habitan en el estado de Oaxaca.
Además, la Defensoría solicitó al gobernador constitucional del estado de Oaxaca que instruya a los titulares de las dependencias estatales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen mecanismos eficaces para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y la integridad física y emocional de la ciudadanía.
El organismo defensor también le requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementar las acciones necesarias para ofrecer las condiciones adecuadas de seguridad que garanticen la paz pública y la integridad física de todas y todos los contendientes a puestos de elección popular, así como a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, funcionarios y observadores electorales, además de la ciudadanía en general.
Asimismo, la Defensoría solicitó que se coordinen las acciones necesarias tendientes a que los elementos de los cuerpos de seguridad con que cuenta la SSP sujeten su actuación a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
En cuanto a los recientes homicidios de candidatos electorales, la Defensoría de los Derechos Humanos también pidió a la Fiscalía General del estado que inicie las carpetas de investigación por los delitos que resulten de estos actos de violencia, y por medio de los representantes sociales y la Agencia Estatal de Investigaciones se practiquen las diligencias necesarias para integrar los legajos de investigación a la mayor brevedad posible y, en su caso, se judicialicen.
La institución autónoma también solicitó que, dentro de las carpetas de investigación que abra la Fiscalía, se dicten las medidas de protección que corresponda, para garantizar la integridad y seguridad de los candidatos que han resultado lesionados por agresiones.
La Defensoría manifestó su preocupación por la ola de violencia e inseguridad en el estado, y específicamente, los homicidios, amenazas y demás actos de intimidación que puedan ejercerse contra candidatos a puestos de elección popular, ya que inhiben la participación de la ciudadanía en el proceso de votaciones.
Por ello, el organismo autónomo hizo un llamado al Estado debido a que se hace indispensable que, por medio de sus instancias, asuma la responsabilidad de proteger a los candidatos a puestos de elección popular, así como a sus familias, contra la intimidación y los ataques desde cualquier ámbito, pues un homicidio, agresión o amenaza cometido contra cualquier candidato es un ataque directo contra la democracia y el Estado de Derecho.
El organismo defensor reiteró que las personas defensoras de derechos humanos necesitan contar en el estado con las garantías efectivas y adecuadas que goce dicho colectivo para realizar libremente sus actividades, pues ellas y ellos, desde distintos sectores, brindan aportes fundamentales para la vigencia y fortalecimiento de las sociedades democráticas.
La Defensoría señaló que no debe pasar inadvertida la posibilidad de que el citado proceso electoral pueda conllevar conflictos sociales e incrementar el riesgo de los habitantes del estado, y en particular, de las personas defensoras de derechos humanos que, en el ejercicio de su labor, se han visto involucradas e interesadas en que el referido proceso electoral se lleve con absoluta transparencia, exigiendo el cumplimiento de derechos.
Agregó que tampoco debe pasar inadvertido que, en un Estado democrático, la seguridad es un factor coadyuvante al bienestar social y a la calidad de vida; además de que el concepto de seguridad no debe estar circunscrito únicamente a la prevención o persecución del delito, sino orientado a promover la salvaguarda y garantía de todos los derechos humanos.
Por lo anterior, la Defensoría consideró que, además de garantizar la seguridad para los candidatos a puestos de elección popular, sus colaboradores, la ciudadanía y personas defensoras de derechos humanos, también debe propugnarse por la seguridad de los periodistas que, en ejercicio de su labor, cubrirán el multicitado proceso electoral.
La instancia defensora insiste en que la protección e independencia de los periodistas es un motor para la circulación de las ideas y la información en el ejercicio de la libertad de expresión, a través de los medios de comunicación social; y una condición para la existencia de las sociedades democráticas, las cuales, en la actualidad, debieran dar su justo valor y protección a la labor de los medios de comunicación y a los periodistas.
La Defensoría expuso que ha documentado en el estado conflictos entre agencias y cabeceras que requieren de un rediseño institucional. Citó como ejemplo las comunidades de Tierra Negra, San Juan Mazatlán Mixe; San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe y su conflicto contra Tamazulapan del Espíritu Santo Mixe; San Juan Quiahije y San José Ixtapan, Santa Catarina Juquila, San Dionisio del Mar y San Francisco del Mar.
Los citados, entre otros casos, implican la necesidad de reforzar los mecanismos de seguridad, ante el riesgo latente de que la coyuntura electoral pueda generar desestabilización o enfrentamientos que afecten los derechos de la ciudadanía, puntualizó el organismo defensor.
Añadió que no pueden descartarse las prácticas nocivas y los vicios que se han acrecentado también en este tipo de comicios, como la compra y coacción del voto, la persistencia de cacicazgo en algunos lugares, o la búsqueda del poder y el dinero en vez del servicio a la comunidad. Estas malas prácticas, enfatizó la instancia autónoma, ponen en considerable situación de riesgo a la ciudadanía en general.
Debido a esto, no deben descuidarse las obligaciones del Estado Mexicano en sus diferentes ámbitos de competencia, como lo son: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, concluyó la Defensoría.
