La Jornada.
Ciudad de México. La política de austeridad de Andrés Manuel López Obrador para reducir los sueldos de funcionarios públicos está en concordancia con lo que dice la Constitución, afirma el académico Diego Valadés.
El constitucionalista explicó que los funcionarios que no estén de acuerdo con esa medida podrían acudir a tribunales, los cuales resolverán que no hay derechos adquiridos que puedan invocarse frente a lo que dice la Constitución en el artículo 127.
El artículo 127 señala que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor que el Presidente de la República. Y López Obrador anunció que percibirá 108 mil pesos mensuales, 40 por ciento del salario del actual jefe del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. Esta reducción significará un tope salarial para el resto de los funcionarios, con eventuales excepciones.
En el caso del Poder Judicial, el referente es el del Presidente, pero también, y con la misma jerarquía constitucional, se dispone que no se les puede disminuir el salario, añadió Valadés. El artículo 94 constitucional indica que la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito y consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Para Valadés esto abrirá una cuestión que habrán de resolver los tribunales, porque se podría modificar el tabulador de salarios para ministros y jueces de nuevo ingreso tras el inicio de la aplicación de la política de austeridad; sin embargo, podría causar un problema, porque la Constitución también dice que a trabajo igual, salario igual.
De manera que si, por ejemplo, entra un juez de distrito en enero con otro tabulador y gana menos que el resto de los jueces en funciones, a quienes no se les puede disminuir el salario, podría alegar una cuestión de inconstitucionalidad.
Ricardo Peralta, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó que si la Constitución mandata que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, no importa a cuál poder del Estado mexicano pertenezca.
Luego de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, salió a defender las percepciones del Poder Judicial de la Federación, el especialista dijo que reducir las percepciones no le quita independencia a este poder.
Peralta recordó que hay casos de jueces que, ganando lo que ganan, han sido sorprendidos en la comisión de delitos. Al respecto, agregó: Si la medida es que necesitamos pagarle bien a un servidor para que no se corrompa, eso no es justificación; o se es honesto e incorruptible o no se puede trabajar en el servicio público.
Comentó que ante la situación en la que se encuentra el país se debe actuar con austeridad, debido a que casi 60 millones de connacionales están en situación de pobreza y 9 millones en pobreza extrema.
Si se modifica el salario de los servidores públicos para que sólo puedan ganar un salario menor al del Presidente, es un tema de justicia, congruencia y necesidad. No puede ser un tema de chequera abierta, enfatizó.
