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Ciudad de México. En 25 años, el nivel de pobreza en México se ha mantenido prácticamente igual: la mitad de la población carece del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica. Lo que sí ha cambiado es que hay 62 millones de personas en esa situación, casi 11 millones más que en 1992.
Sin poder comprar la canasta básica para alimentarse y con al menos una carencia social. En 2016, más de cinco de cada diez mexicanos (56%) estaban sin acceso a seguridad social pese a que lo establece la Constitución. Esto es 68 millones de personas que no tenían cubiertos los accidentes profesionales, las enfermedades, la maternidad, jubilación, invalidez, vejez y la muerte; en el caso de sus familiares, implicaba la falta de asistencia médica y medicinas.
“En muchos casos, se da por satisfecha la carencia con una acción sucedánea muy limitada. El caso más evidente es la carencia por seguridad social, que queda satisfecha si las personas reciben un programa de apoyo a adultos mayores”, refiere el estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Derechos Humanos y Pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del Artículo 1° Constitucional, una radiografía sobre el incumplimiento del Estado mexicano en garantizar derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la salud, la educación, la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación.
Aunque el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó en 2016 que había 56% de personas en pobreza, pues tenían un ingreso inferior a la línea de bienestar y al menos presentaba una carencia social, el estudio de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza afirma que eso no equivale al cumplimiento de los derechos sociales.
Una mirada a los indicadores de trabajo, salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación ofrece un panorama desolador en el cumplimiento de estos derechos.
Seis de cada personas ocupadas tienen una remuneración insuficiente y cinco de cada diez (54%) no tienen prestaciones. En el caso de las mujeres es aún peor: el 54.7% reportan falta de trabajo y subocupación, una diferencia de 30.9% respecto a los hombres.
En materia educativa las cosas no son muy distintas. Casi 31 millones de personas son analfabetas o no tienen educación básica; 2 millones 346 mil niños de entre tres y seis años no asisten a la escuela; y 4 millones 18 mil jóvenes de entre 15 y 20 años no asisten a clases.
En materia de salud, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres de 2015 reveló que el 23.3% de las niñas y niños menores de 5 años (0-4) tiene algún problema en su desarrollo físico, motriz o cognitivo. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) estimó que seis de cada diez adultos no tuvieron atención para la detección oportuna de riesgos relacionados con enfermedades crónicas; y el 52% de los adultos con diabetes no reciben tratamiento adecuado en las instituciones públicas de salud, de acuerdo con el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles.
El Estado mexicano también incumple con el derecho a la vivienda. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, seis de cada diez mexicanos habitan viviendas sin condiciones adecuadas de saneamiento e higiene, como el acceso a espacio y medios para la disposición de la basura y las excretas, para la higiene personal, para el lavado de los trastes y utensilios usados para los alimentos y para el lavado de la ropa.
Estos factores de vulnerabilidad generan círculos viciosos que refuerzan y perpetúan la condición de pobreza durante el ciclo de vida de cada persona e incluso tienden a heredarse a la siguiente generación.
-Estudio.
Un panorama desolador que se explica porque la gran mayoría de los programas y acciones considerados en el inventario de programas y acciones sociales de CONEVAL no cumplen con los criterios de consistencia mínimo, de acuerdo con el estudio.
– De los 232 programas federales que sí cumplen con lo mínimo indispensable de institucionalidad, sólo 40 tienen alcance superior al 50% de su población objetivo, y solo 20 tienen una cobertura superior a 100 mil personas.
– De los 2 mil 528 programas de los gobiernos estatales, el 95% no cumple con la institucionalidad mínima y solo 128 programas sí cumplen ese primer criterio mínimo.
De acuerdo con el Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (INDEP) elaborado por GESOC, el 80% de los programas carecen de condiciones para resolver el problema público para el que fueron creados. De 132 programas federales analizados por la organización, solo tienen un desempeño óptimo.
En este escenario, Acción Ciudadana contra la Pobreza recomienda:
Superar el divorcio de los objetivos económicos de crecimiento, productividad o competitividad de aquellos destinados a mejorar las condiciones laborales, el ingreso de productores y trabajadores, o las condiciones de vida de la población, especialmente la que vive en pobreza.
Formular una macropolítica de protección social universal e integrada, que permita alinear los recursos, superar gradual y progresivamente la segmentación de la salud y la seguridad social y contribuya también a mejorar la productividad de las personas trabajadoras.
Mejorar la calidad y la equidad educativa en todos los niveles y ofrecer opciones de segunda oportunidad para jóvenes y adultos jóvenes con rezago educativo.
Mejorar la calidad y la equidad de los servicios de salud para garantizar al menos el desarrollo durante la primera infancia, evitar la mortalidad materna y priorizar la atención preventiva y la detección oportuna de riesgos y condiciones de enfermedades no transmisibles como la diabetes mellitus (DM) y la hipertensión arterial (HTA).
