Oaxaca de Juárez. Este martes en Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, el legislador local perredista Horacio Antonio Mendoza exhortó al encargado de despacho de la Secretaría de Administración, y a los titulares de las Secretarías de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA), y de Finanzas del Gobierno del Estado (SEFIN), para que informen al Pleno de la LXIII Legislatura, los términos y condiciones bajo los que fue adjudicado el contrato de administración del Centro de Recreación y Acondicionamiento Deportivo “Venustiano Carranza” (CRAD)
Asimismo, solicitó que se informe el monto total de ingresos percibidos por el Gobierno del Estado, el destino de los mismos; y exigió la recuperación inmediata de este espacio público en beneficio de la sociedad oaxaqueña.
“Desde sus inicios la construcción del CRAD generó gran polémica, ya que fue construida con recursos aportados por el Gobierno Federal a través del Fondo Regional (Fonregión), mismo que se entregan anualmente a diez Estados del País con los niveles más altos de pobreza, identificados a través del Índice de Desarrollo Humano”, expuso.
Ante ello, detalló que el CRAD tuvo una inversión inicial de 383 millones de pesos, y presentó un retraso en su entrega por más de un año, aunado a ello, el Gobierno del Estado solicitó 200 millones de pesos adicionales al Gobierno Federal para su conclusión.
En tribuna, Antonio Mendoza dijo que este recinto deportivo, se presentó inicialmente por el Gobierno Estatal como parte de las políticas públicas de combate a la obesidad y fomento a la salud de la población, con un costo accesible para la población, brindando una amplia gama de servicios, tales como gimnasio, albercas, áreas comerciales, sanitarios y vestidores.
“Desde su apertura y sin ningún proceso de comodato ante el Congreso del Estado, a mediados del año 2016, el gobierno estatal entregó a la empresa LICODEP S. A., la operación y usufructo de estas instalaciones deportivas, la cual se ha caracterizado por cometer una serie de abusos en contra de los usuarios, cobrando tarifas excesivas y condicionando el uso de instalaciones a la adquisición de equipos deportivos que la misma empresa comercializa”, acusó el Diputado Local.
Finalmente, expuso que es preocupante que una empresa particular lucre con la salud de los oaxaqueños a través del usufructo de instalaciones construidas por el Gobierno del Estado para beneficio de las familias oaxaqueñas, y sobre todo desconocer las condiciones bajo las cuales se ha permitido este abuso, “el Punto de Acuerdo, tiene la finalidad de que se haga pública esta información, pues es necesario saber cuántos ingresos ha recibido esta empresa por la explotación de estas instalaciones y cuál ha sido el destino de estos recursos, y será el Gobierno del Estado quien realice las acciones que sean necesarias para recuperar este espacio, en beneficio de la sociedad”, dijo.
