El País.
Ciudad de México. Primero eran “chismes de pasillo”, luego “un secreto a voces” y ahora son denuncias ante la Fiscalía. Al menos una decena de asesores y asistentes de la Asamblea de Ecuador ha sacado a la luz un escándalo de dinero que debían pagar a los legisladores con los que colaboraban para acceder y mantenerse en sus cargos. Los casos han ido apareciendo poco a poco en las últimas dos semanas, tras una primera denuncia abanderada por el asambleísta Fabricio Villamar. Se han formalizado algunas de las acusaciones ante las autoridades, pese al miedo y el anonimato con el que los denunciantes han desvelado sus casos. Y la Asamblea ha decidido este martes abordar el tema para facilitar la investigación.
Villamar, miembro del grupo de oposición CREO (Creando Oportunidades), asegura haber recopilado testimonios y evidencias contra 23 de sus colegas. Pero, de momento, solo se han recibido tres denuncias formales en el Ministerio Público. Algunos de los señalados son legisladores actuales y otros ocuparon el cargo en periodos anteriores, incluido algún rostro de los más cercanos al expresidente Rafael Correa. Todos han negado la mayor: o no exigieron nunca pago alguno o si recibieron dinero de sus subordinados, se trataba de préstamos.
Pero las versiones de quienes tenían que asumir esos peajes que ascendían a miles de dólares dibujan un panorama que la Fiscalía está estudiando enmarcar entre el cohecho (aceptación de sobornos) y la concusión (exigir contribuciones aprovechándose de la posición). Andrea Utreras, la primera en reclamar, asegura que tuvo que pagar a una representante de Alianza PAIS el almuerzo, la movilización e incluso turnarse con sus pares para dormir con ella porque no quería pasar la noche sola en Quito durante los días en que tenía sesión en la Asamblea.
Además, entre los cuatro colaboradores que tenía asignada esa legisladora (dos asesores y dos asistentes) debían repartirse la cuota de afiliación de 400 dólares mensuales que ella debía abonar al partido que gobierna en Ecuador desde 2007. “Nunca nos dijeron que era un aporte voluntario. Tienes que pagar. Era una obligación. Yo conocí al señor de PAIS que recogía las cuotas. Son prácticas que hacen todos ellos. Es un chantaje, yo lo vi hasta como una extorsión. Si no pagas, gracias; habrá otro que querrá trabajar”, declaró la denunciante a la prensa local.
Tras dar a conocer su caso, Utreras ha recibido llamadas y mensajes de otros colaboradores de asambleístas que aseguran haber vivido una situación similar. A veces, los pagos eran mensuales e iban de 500 a 1.000 dólares; otros debían entregar hasta dos tercios de su sueldo y conformarse con estar aportando a la Seguridad Social; alguno más, entregó hasta 30.000 dólares al inicio solo para poder acceder al puesto; y en otros casos, se sufragaban gastos de ropa, gasolina, peluquería, cuentas de teléfono, alquileres, la compra familiar e incluso las letras de vehículos de lujo. Todo eso, según la documentación recopilada por el asambleísta Villamar, consta en chats, correos electrónicos o grabaciones de voz. Pero no hay recibos de todas las compras, pues la mayoría de los “diezmos” (así se llaman coloquialmente esas contribuciones) se abonaba en efectivo.
De los 23 casos que asegura conocer Villamar, al menos ocho nombres ya han trascendido. Son asambleístas que pertenecen a prácticamente todo el abanico de partidos de la Asamblea. Hay colegas de Villamar en CREO señalados, también en el bloque oficialista de PAIS, en el de Revolución Ciudadana –que se escindió del movimiento de Gobierno–y en los opositores del Partido Socialcristiano (PSC) y del indígena Pachakutik.
La efervescencia de la revelación, sin embargo, comenzó a desinflarse el jueves pasado conforme aumentaba la trascendencia de la trama y, a la vez, las dudas sobre la credibilidad de las denuncias. Desde el despacho de Villamar, advirtieron que algunos de los denunciantes se estaban echando atrás y estaban llegando a acuerdos con los políticos señalados. Mientras, la asambleísta de Fuerza Ecuador, María Mercedes Cuesta, publicaba una explicación: “De todo se escucha en los pasillos de la Asamblea Nacional. El esposo de una expresidenta está llamando por teléfono uno a uno a los funcionarios que trabajaron en ese período para amenazarlos. Yo les digo: no tengan miedo”.
Por eso, el escándalo ha empujado a los demás legisladores a marcar distancias y exigir que no se hagan “generalizaciones”, como reclamó la presidenta de laAsamblea Nacional, Elizabeth Cabezas (PAIS), quien inicialmente había rebajado la trama de pagos a “chismes de pasillo”. Sus pares, Elio Peña (Bloque Integración Nacional) y Pábel Muñoz (Revolución Ciudadana) repitieron el argumento en la sesión en la que se aprobó una resolución inicial sobre el tema. “Que no nos metan a todos en el mismo saco”, dijo el primero. “No nos merecemos ese trato los 137”, sostuvo el segundo, según recogieron los medios nacionales. El primer artículo de aquella resolución, en lugar de abordar el problema de los peajes, alertaba del daño a la imagen que la trama podría acarrear para la institución. “Lo que no entienden mis compañeros es que el buen nombre no se gana con una resolución, sino con acciones”, criticó Villamar.
En su opinión, los órganos de control como la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) deberían iniciar una investigación profunda de las cuentas bancarias de los asambleístas cruzándolas con las de los trabajadores adscritos a la institución para ver si surgen transacciones recurrentes. Henry Cucalón, de la bancada socialcristiana, defendió la misma propuesta en nombre de su grupo. Y es la conclusión a la que finalmente ha llegado el Pleno del Legislativo por unanimidad: se entregarán las pruebas para depurar a los implicados. Las tres autoridades de control ya han confirmado que iniciarán las pesquisas para averiguar qué asambleístas –que tienen un sueldo por ley de 5.009 dólares mensuales –han recibido pagos de colaboradores que cobran entre 1.394 dólares a 3.173 dólares. “Los que no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer”, apostilló Villamar.
