Excelsior.
Mientras que en nueve estados de ese país la mariguana recreativa ya es legal y en 29 lo es la medicinal, México se compromete a seguir persiguiendo el tráfico de estupefacientes, incluida la mariguana. La crisis por consumo de opiáceos que vive Estados Unidos, y que en 2016 le costó 64 mil muertos, fue estimulada por la venta legal de fármacos contra el dolor. Éstos dejaron una estela de millones de adictos. De la noche a la mañana decidieron cerrar la puerta de las recetas legales. El resultado ha sido un incremento en la demanda de heroína proveniente de forma creciente por productores de Guerrero. La otra cara de la moneda es la violencia criminal que azota a ese estado.
El martes se presentó en México un estudio coordinado por Ernesto Zedillo con la colaboración de Alejandro Madrazo, Catalina Pérez Correa y Fernanda Alonso. Su título lo dice todo: La política de drogas en México: causa de una tragedia nacional; Una propuesta radical, e indispensable, para remediarla.
Se trata de un análisis puntual de cómo ha fracasado el perseguir a quienes trafican y consumen drogas. Incluye una sección sobre cómo regular el uso de la mayoría de las drogas.
Las drogas no deben permanecer ilegales. No hay razones morales para restringir a un adulto el consumir mariguana. Hace menos daño que el cigarrillo y el alcohol. Mientras no afecte a terceros no podemos justificar el invadir la privacidad y la forma de vida que cada uno seleccione.
¿Es racional el que sea legal intervenirse quirúrgicamente para cambiar de género y no el consumir mariguana? Si bien hay una dosis legal para el consumo de ésta, tal como lo describe el citado estudio, en caso de ser detectado por la autoridad el consumidor debe ser llevado ante el juez y ahí determinar si no traía más de la muy baja dosis permitida. El potencial para extorsión por parte de nuestras autoridades es gigantesco y las cárceles mexicanas están llenas de individuos cuyo delito fue consumir mariguana.
Se argumentará que hay que cuidar a los menores de edad. Tienen razón. Se debe prohibir su uso a estos. El régimen actual de ilegalidad no ha ayudado a ello. En muchas zonas del país los narcomenudistas venden cualquier producto a las afueras de las escuelas sin que la policía haga algo, más allá de cobrar su cuota, supongo.
La premisa de partida de las propuestas de este documento es la imposibilidad de prohibir lo ilegal. Mejor ver qué tipo de regulación ha funcionado en otros países y pensar cuál es el mejor para México. En el caso de la mariguana, la sugerencia es un modelo mixto donde el Estado controle la producción al mayoreo mientras se desarrolla un mercado al menudeo y de compra directa a productores para evitar el dominio de unas cuantas empresas que pueden terminar por tener tal fuerza que capturen a la autoridad reguladora y ésta permite prácticas que estimulan el consumo de sustancias altamente adictivas.
El reto es tener reguladores fuertes y empresas pequeñas sin mucho poder de compra. Estados Unidos y su laxa política en el suministro de opiáceos contra el dolor es una muestra de cómo unas cuantas empresas poderosas pueden manipular a su favor al regulador, contra la salud de los ciudadanos. El Estado mexicano no ha sido muy eficaz en sus capacidades regulatorias en general, pero es menos complicado regular que prohibir.
El problema actual de violencia va mucho más allá de las drogas. En ninguno de los esquemas de regulación propuestos se podrá enfrentar rápidamente a las mafias que distribuyen drogas en antros o frente a escuelas. No afectará tampoco a todos los otros mercados ilegales.
El texto culpa de toda la violencia actual a la lucha contra el tráfico de drogas. No da cuenta de que en 2006 Felipe Calderón entró con el ejército a Michoacán a petición del entonces gobernador Lázaro Cárdenas, y no sólo para enfrentar el tráfico de drogas, sino porque en el estado La Tuta y sus secuaces ya mandaban en todos los ámbitos. Cuando el gobierno de Peña Nieto intervino la entidad, encontró los libros de contabilidad de La Tuta y la droga no era el primer negocio de ese grupo delictivo. Cuando un grupo puede traficar drogas y matar es común que se vaya hacia otros mercados ilícitos.
Esto no contradice el argumento central del documento sobre el fracaso de la prohibición. Sólo nos debe hacer cautos, el texto lo es, respecto a qué impacto en materia de violencia podrían tener las propuestas radicales del texto, de ser aprobadas.
El futuro gobierno ha mandado señales de que está preparado para un cambio de política en este sentido. Veremos si se atreven o caen en el ineficaz conservadurismo que ha privado en este tema desde hace ya casi un siglo.
