Excélsior.
Ciudad de México. De los 609 detenidos por trata de personas en el 2017 sólo 95 fueron condenados, lo que significa que el castigo se aplicó nada más a uno de cada seis sospechosos, de acuerdo con el Reporte sobre Trata de Personas 2018, del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Un año antes, en 2016, las autoridades federales mexicanas iniciaron procesos penales contra 479 presuntos delincuentes y condenaron a 228, es decir, su efectividad fue mayor, de 47 por ciento.
609 personas fueron detenidas por trata en 2017
El Departamento de Estado mantiene a México en el nivel dos de cuatro, que corresponde a los países que se esfuerzan pero no hacen lo suficiente para erradicar la trata de personas, porque en 2017 enjuició a más tratantes pero logró menos condenas e identificó a un número menor de víctimas respecto al periodo anterior. “La corrupción y la complicidad impidieron el cumplimiento de la ley”, cita el documento.
Demostró estar aumentando sus esfuerzos en comparación con el periodo de análisis anterior (…) Ha dejado constancia de esos mayores esfuerzos al enjuiciar a más tratantes que en el año anterior; al identificar y apoyar a víctimas de la trata sujetas a trabajo forzoso en México y en el exterior, y al lanzar una nueva campaña nacional de concientización.
Sin embargo, el gobierno no cumplió las normas mínimas en varios ámbitos clave. Logró menos condenas e identificó a menos víctimas que en el año anterior; prestó servicios especializados limitados a las víctimas de la trata, inexistentes en casi todas partes del país, y mantuvo un número insuficiente de albergues para la gravedad del problema”, añade.
NIVELES DE DELITO
La Oficina de Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito considera a México un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, porque dicho ilícito está asociado a los flujos migratorios y se deriva en muchos casos del tráfico de seres humanos, esto es, del traslado y explotación de migrantes por parte de organizaciones criminales.
Las estimaciones más conservadoras de los organismos nacionales e internacionales que han tratado de medir el número de víctimas (Inegi, Unicef, DIF y Sectur), citadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México, refieren que entre 50 mil y 500 mil individuos están sometidos en territorio nacional a por lo menos uno de varios tipos de explotación: esclavitud sexual, trabajos forzados, laboral, mendicidad, adopción ilegal, utilizar a menores de edad para actividades ilícitas, entre otros.
La Coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, explicó que las políticas del presidente de Estados Unidos contra los migrantes provocaron que las organizaciones criminales subieran el costo de trasladarlos y cruzarlos al otro lado de la frontera.
Además, las personas que no tienen para pagar en el momento, en su afán por entrar a la Unión Americana, aceptan que una vez ahí entregarán el fruto de su trabajo a la organización criminal.
El tráfico de personas se está convirtiendo cada vez más en trata de personas, porque una red criminal binacional, trinacional, hace que las personas paguen ciertos recursos para cruzar a EU.
Si antes un pollero cobraba cinco mil dólares, hoy hay tarifas de hasta 30 mil dólares que por supuesto el migrante no tiene, pero una vez instalado en Estados Unidos, uno o varios miembros de la organización criminal, cuyo trabajo es cobrar la deuda, le dan seguimiento hasta que hacen que esta persona les pague los 30 mil dólares, y así es como el tráfico de personas se convierte en trata”, explicó Rendón.
LO QUE SE HIZO Y FALTA POR HACER
En el 2000, México suscribió el Protocolo de Palermo que busca prevenir y sancionar la trata de personas, y el delito se introdujo en 2007 por primera vez en el Código Penal Federal y en el Código Penal del DF.
95 criminales fueron condenados el año pasado
También se expidió una Ley para prevenir y sancionar la trata de personas; en 2011 hubo una reforma Constitucional que dio al Congreso de la Unión facultades exclusivas para tipificar el delito; y en 2012 se expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Dicha ley tiene aplicación en todo el país pero reparte competencias a los estados, cuando son casos ordinarios, y a la federación, en casos excepcionales, cuando hay participación de un servidor público federal, cuando el delito es transnacional, cuando hay delincuencia organizada o se ejerce la facultad de atracción, comentó el doctor Emilio Maus Ratz, Director de la Facultad de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana.
Sin embargo, las procuradurías no son conscientes de sus competencias y con frecuencia rechazan a los familiares de víctimas.
Cuando asisten a las fiscalías locales a presentar una denuncia de hechos les dicen que el delito es federal, que vayan a la PGR, y en ésta los rebotan con el argumento de que no se acredita su competencia.
Ese tipo de situaciones evidentemente entorpecen la investigación y benefician a los tratantes, a causa, en buena medida, del desconocimiento del marco jurídico y de la falta de aplicación”, dijo el experto.
Es bastante frecuente también que las autoridades confundan el delito o consideren determinadas conductas como que no hay delito. Además de lo anterior, hacen falta investigaciones proactivas”, añadió el especialista.
