Alberto Alonso Criollo
Todo un brete, la realización de la Consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en la medida que el ejercicio expresa las tensiones políticas que se articulan en torno a la lucha por el nuevo proyecto de nación.
Las fortalezas del ejercicio son innegables: un ejercicio de participación y poder ciudadano que debe tenerse en cuenta en torno a una decisión muy importante, aunque no trascendental, para la sociedad mexicana. No se trata, en extremo, de si somos o no, viajeros frecuentes, sino que se trata de opinar sobre un proyecto macro que incide en varios niveles de la vida social.
Por el mismo lado, se pone a prueba la determinación del nuevo grupo gobernante para avanzar con claridad, aún en contra de una errática fracción de la oligarquía, que presiona política y mediáticamente, en estrategia de negociación. La amenaza del caos económico y social no tiene fondo real por lo pronto; aunque si perfila la potencialidad de un creciente conflicto.
Una parte importante de empresariado agrupado en la industria de medios masivos, el capital financiero y la alta burocracia política, ensayan la confrontación con el nuevo gobierno en la lógica de moderar las intenciones de cambio. Ellos no perciben con claridad que sus gritos de guerra, por lo pronto, tienen un efecto contrario a su intención, porque el grueso de la sociedad está predispuesta contra esos argumentos.
Por lo demás, los cuestionamientos de los opositores de que no hay criterio técnico sólido; sistema de registro y conteo que no son los suficientemente confiables; tinta ineficaz y realización del proceso operativo confiado a voluntarios, implican argumentos que no son totalmente triviales. Sin embargo, nadie ha sugerido que haya operativos masivos para orientar la decisión en las urnas. Situación que hace legitima la consulta.
En rigor, parece que lo más importante no es tanto la pertinencia técnica de la ubicación del NAIM sino que cualquiera de los dos proyectos se haga con una escrupulosa revisión no sólo de la legalidad sino de la legitimidad de las operaciones contractuales en los dos casos. Ya se sabe que los proyectos pequeños, medianos y grandes en México han sido elaborados no en clave de beneficio social, sino la de tipo personal a costa de los bienes públicos.
En lo personal, me parece que podría votarse cualquiera de las opciones siempre y cuando se haga revisión exhaustiva de la transparencia y legitimidad de contratos e inversiones. No se deben de utilizar los fondos públicos para subvencionar el interés de una clase gobernante y empresarial que ha saqueado el país por décadas.
Hay que ir todos a expresar nuestra postura en la consulta.
