La Jornada.
Ciudad de México. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno no han cumplido cabalmente con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para garantizar la integridad y la seguridad de los integrantes de la Caravana Migrante, aseveró el quinto visitador general del organismo, Édgar Corzo Sosa.
En entrevista telefónica, el funcionario –que encabeza al equipo de la CNDH que acompaña el éxodo desde antes de su ingreso a México– detalló que apenas ayer, a su llegada al municipio de Mapastepec, se ha notado la coordinación de autoridades locales y federales para brindar atención médica, alimentación, hidratación y resguardo seguro a los miles de migrantes que participan en la caravana.
Los gobiernos se han visto rebasados para atender a las personas en movilidad, de las cuales una tercera parte son menores de edad. El equipo de la CNDH ha documentado que el derecho humano más violentado hasta ahora es el acceso a la salud y el del interés superior de la niñez.
Desde el fin de semana que los miles de migrantes ingresaron a territorio mexicano, dijo el visitador, las autoridades de Suchiate, Tapachula y Huixtla, por donde han pasado, no estuvieron a la altura para garantizar los derechos de las personas que vienen en el éxodo, y tampoco se dio atención ni de las instancias del gobierno de Chiapas ni de organismos federales, como el Instituto Nacional de Migración, el DIF o la Policía Federal, entre otros.
La caminata ha sido larga, lo que se refleja en el agotamiento de cientos de personas que han requerido atención médica, la cual hasta el miércoles era escasa. Tampoco se ha visto una presencia y atención adecuada de las instancias gubernamentales de atención a la niñez, en un éxodo en el que hay niños desde tres meses de edad.
Lejos de la falta de atención de las autoridades, que ayer en Mapastepec comenzó a notarse un poco más, de acuerdo con Corzo, quienes han salido al apoyo de los más de 7 mil migrantes que alcanzó la caravana –muchos han retornado y otros han solicitado refugio, por lo que ya están en albergues– han sido los ciudadanos mexicanos, quienes les ofrecen comida, agua, herramientas para el viaje (como carriolas), aventones en autos, autobuses o tráileres.
Sin embargo, el visitador señaló que se han dado bloqueos de la carrera por parte de la Policía Federal y la insistencia de Migración para que opten por ir a los albergues establecidos y permanecer ahí, lo que, como ha reportado este diario, no genera ninguna confianza entre los migrantes.
El equipo de la CNDH, conformado apenas por 30 personas que el propio Corzo acepta son insuficientes, ha detectado una preocupante situación. En el éxodo participan al menos ocho mujeres embarazadas, tres de ellas con más de seis meses de gravidez, aunque algunos datos hablan hasta de 30 en esa condición. Por ello, el organismo nacional ya solicitó que para la llegada de la movilización a Pijijiapan (que se esperaba ayer) la presencia de especialistas en ginecología ante la posibilidad de que se presente algún parto prematuro.
