La Jornada.
Ciudad de México. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, presentará en la sesión de hoy una iniciativa para despenalizar el consumo y comercio de la mariguana, pero a través de una regulación estricta.
Se trata de un punto medio entre prohibición absoluta y libre mercado, con un comercio legal regulado y monitoreado en toda la cadena de valor, precisó en la exposición de motivos.
La próxima secretaria de Gobernación, recalcó que en lugar de criminalizar el consumo de mariguana, se propone despenalizar toda la cadena de siembra, cultivo, cosecha producción, transformación, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad y patrocinio transporte distribución, venta comercialización, portación y consumo de la cannabis y sus derivados, para fines personales, científicos y comerciales.
Quedará prohibido el comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos derivados de la mariguana a menores de edad. Asimismo, emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de productos de cannabis.
Los adultos podrán fumar mariguana en espacios públicos, excepto en aquellos cien por ciento libres de humo de tabaco.
En la iniciativa de la senadora Sánchez Cordero se establece que habrá mariguana para consumo nacional y también para exportación. En el caso de los paquetes y envases de productos de cannabis para uso comercial que se venden en México, deberán llevar la declaración cumple con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud.
En la propuesta se establece asimismo que podrán conformarse cooperativas de producción, desde dos hasta 150 socios para sembrar marihuana para uso personal, siempre y cuando cuenten con la licencia autorización. Se prevén también programas de excarcelación, para quienes cumplen sentencias por el consumo de esa droga.
En la exposición de motivos, la senadora Sánchez Cordero argumenta que la política prohibicionista que adoptó en México en los últimos dos sexenios, materializada en ese conflicto armado llamado guerra contra narcotráfico, ha generado dos consecuencias que dan cuenta del fracaso de la misma: el endurecimiento de la violencia en todos los rincones del país y la criminalización de sectores vulnerables de la sociedad a causa de actividades relacionadas con la cannabis.
Esta política surge de una falsa presunción de que el problema de las drogas debe abordarse desde un enfoque penal.
Por un lado la política prohibicionista ha traído la criminalización de un sector muy grande del país sólo por actividades relacionadas a la cannabis de bajo impacto. Para el año 2012 el 62 por ciento de la población reclusa en alguna penitenciería federal ha sido sentenciada por delitos contra la salud. El 58.7 por ciento de esa población, fue sentenciada por alguna actividad relacionada con la cannabis, aunque no necesariamente por consumo, sino por producción, transporte, comercio, suministro, o posesión.
En 2012 había mil 509 personas sentenciadas únicamente por consumo o posesión de cannabis. Existe una fuerte persecución de delitos relacionados con la cannabis y sobre todo de aquellos de bajo impacto, que lejos de inhibir el problema se ha registrado un incremento en la actividad de las organizaciones criminales derivadas del mercado estadunidense incluso un aumento considerable del consumo interno de cannabis y otras drogas.
