Forbes.
Ciudad de México. Cuando una empresa de outsourcing se hace cargo de administrar la nómina de un cliente, tiene dos caminos: contratar al personal con las prestaciones de ley y declarar a Hacienda el sueldo completo de cada uno, con el correspondiente pago de impuestos y contribuciones a la seguridad social, o simular que paga menores sueldos que los que realmente paga para ahorrarle impuestos y contribuciones a su cliente.
Los perjudicados por estas prácticas son el empleado, cuyos recursos en sus cuentas de Infonavit y Afore serán menores a los que debían ser, pero también el gobierno, que tiene menos recaudación de impuestos.
Esta práctica de simulación está extendida en México. De ahí que su inminente erradicación, en manos del nuevo gobierno, preocupa a las compañías. Se estima que en el país hay más de 2,000 empresas de outsourcing, según ManpowerGroup, pero sólo 40 cubren impuestos y, de éstas, apenas 20 cumplen con los estándares establecidos por la Asociación Mexicana de Capital Humano, que implican auditorías legales y fiscales.
Empresarios se preguntan también qué viene después de la ratificación del Convenio 98 de la OIT, relativo a la libertad sindical. Se preguntan qué sucederá con los llamados sindicatos blancos y los contratos de servicios, y temen que el programa de empleo para jóvenes aprendices del nuevo gobierno sea empleado por sindicatos para infiltrar células cuyo fin sea agitar el ambiente laboral en las empresas y captar agremiados; o que sindicatos de otros países traten de influir para que México adopte normativas salariales internacionales. “Se van a generar muchos temas en los dos primeros años del sexenio”, dice Hugo Hernández, socio para temas laborales del despacho Hogan Lovells.
El outsourcing “malo”
Los patrones suelen exponerles a sus trabajadores que reportar a autoridades y Afores un salario más bajo les favorece con más dinero en su quincena, porque si se declara el sueldo completo, el descuento en su pago será mayor. El monto no declarado a Hacienda se les paga “por fuera”, bajo la forma de bonos, pagos de seguros, honorarios, derechos de autor, pagos a sindicatos, etcétera, e incluso hay empresas que pagan la diferencia en efectivo, sin concepto alguno.
En realidad, el esquema sólo tiene desventajas para el empleado. Ante un despido, recibirá una liquidación basada sólo en el salario registrado ante el IMSS; eso también afecta otros beneficios, como el aguinaldo y las primas vacacionales, y el pago de incapacidades en caso de accidente o licencia de maternidad.
Con todo, esta simulación no es ilegal, al menos no explícitamente, según la Ley Federal del Trabajo (LFT), explica Edmundo Escobar, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), un organismo que combate la simulación en el outsourcing o tercerización. Considera que los esquemas de remuneración que implican honorarios, pagos a sindicatos o seguros establecidos como prestaciones son legales, pues fueron diseñados para profesionales independientes o con condiciones específicas. Sólo que se han utilizado para evadir impuestos.
Hay un marco regulatorio específico con los requerimientos para empleados asalariados, otro para outsourcing y uno más para pago por servicios profesionales de colaboradores independientes, comenta, pero muchas empresas han hecho esquemas de simulación para evitar la carga tributaria completa.
Las firmas simuladoras perduran gracias a que las autoridades fiscales y laborales voltean a otro lado, pero eso podría estar a punto de cambiar. Si bien es claro que los empleados deben pagar cuotas al IMSS e impuestos, no hay un apartado en la LFT que prohíba explícitamente el uso de figuras para simular salarios más bajos. “Estas actividades se pueden tipificar como fraude fiscal, señalarse como tal y perseguirse; vemos que, en este caso, se trata de tener voluntad para inspeccionar empresas que prestan servicios de contratación”, señala Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales y Gobierno de ManpowerGroup México y Centroamérica.
En el legislativo hay una iniciativa para cambiar la LFT y regular el outsourcing, pero también es una simulación, dicen especialistas. El proyecto, afirman, no persigue un cambio, sino que enarbola el caso de GIN Group, una empresa señalada en el medio como un ejemplo de elusión. El proyecto, en el que se reconoce que las afectaciones al fisco y a los trabajadores por parte de firmas simuladoras se estima en más de 277,000 millones de pesos (mdp), más que los 260,000 mdp recaudados por cuotas obrero-patronales al IMSS en 2016, propone reformar el Artículo 15C y crear una NOM que especifique qué es outsourcing, quite al trabajo el carácter de mercancía intercambiable y considere los derechos de los trabajadores.
“Si aprobamos una NOM que no contemple la prohibición de la simulación, seguiremos con esa práctica”, advierte Márquez.
Pero Hernández, de Hogan Lovells, no tiene duda que quien se hará cargo del asunto es el ejecutivo entrante, y que será contundente. “Viene una inspección seria y directa de las distintas autoridades del trabajo hacia los patrones; estoy 100% seguro de que, como ha dicho la siguiente secretaria de Trabajo [Luisa María Alcalde], las empresas de outsourcing malo van a tender a desaparecer”, señala.
La simulación con fines de evasión fiscal es más común en América Latina y algunas partes de Asia, dice Alain Dehaze, CEO Global de Adecco, empresa de tercerización que trabaja en 60 países, por una falta de maduración en la regulación, pero también en la educación, pues la gente no tiene claras las consecuencias. “Hay compañías que usan contratos informales, que ven estas medidas como ventajas competitivas”, señala. “Esto no sólo es injusto, también es un peligro”.
Para Dehaze, los competidores desleales dañan la imagen de todo el sector de outsourcing, entre otras consecuencias. “Las prácticas de simulación hacen que el combate a la informalidad sea una labor cada vez más difícil”, afirma.
Hernández teme que la regulación vaya más allá de las empresas simuladoras. “Mi preocupación es que las autoridades, tratando de extirpar un cáncer que tenemos en México, puedan excederse y acabar con las empresas que sí cumplen con una función de terciarización […] que empresas internacionales sean satanizadas y víctimas de abusos de las autoridades”, señala.
Dudas en torno de la política laboral
Otro tema es la actualización de las leyes secundarias para que el Convenio 98 de la OIT (que ya fue ratificado en el Congreso, y que pone fin a los sindicatos blancos y a los contratos de protección) tenga aplicación en todo el país. “Sindicatos, sobre todo independientes, estarán tratando de captar más miembros para sus centrales, y la industria laboral se va a revolver otro poco”, dice Hernández. “Se van a generar muchos temas en los dos primeros años del sexenio”.
Aunque el programa de empleo para jóvenes aprendices será bien recibido por la IP, hay temores en torno de la base de datos que se utilizará para definir a los beneficiarios y que no será conocida por la empresa donde se les coloque. “Quiénes son [los contratados], de dónde vienen y qué pretenden”, señala Hernández. “Pudieran ser puestos en la lista por un sindicato que tratara de colarse a alguna empresa y crear malestar”.
Algunas alertas incumben a sectores específicos. Empresas mineras, por ejemplo, tienen preocupaciones sobre la ruta que tomará la legislación laboral por el hecho de que Napoleón Gómez Urrutia es la cara más visible de los asuntos laborales en el Congreso. “Tienen preocupación real de qué va a pasar”, dice el especialista de Hogan Lovells. Algo similar ocurre en el sector automotriz, agrega.
Ese temor conduce a otro: que sindicatos como los manufactureros de Estado Unidos, mineros de Canadá y textileros de Europa promuevan, a través de sindicatos locales (dado que la ley no les permite intervenir directamente en el país) que se apliquen en México normas internacionales en materia salarial. “Son muchas las organizaciones que podrían afectar a industrias importantes del país, como automotriz, metal-mecánica, de servicios y retail”, dice Hernández.
Pero las consultas más frecuentes de las compañías a expertos laborales tienen que ver con los contratos de protección y los sindicatos blancos. “Es el tema más recurrente sobre el que nos piden opinión, de las elecciones a la fecha”, por encima de lo relativo a salarios y prestaciones, indica Hernández.
