La Jornada.
Ciudad de México. En un discurso inusual, crítico de la política de austeridad salarial y del perdón del nuevo gobierno, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, sostuvo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador que “la autoridad que pretenda vulnerar la independencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) vulnera principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico… México y sus víctimas no olvidan. El olvido no trae verdad ni es sustituto de la justicia”.
En la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018, y en una postura que provocó aplausos de pie y gritos de ¡bravo, bravo!, González Pérez resaltó que la Cuarta Transformación se debe sustentar en el respeto a la Constitución, las leyes y los derechos, e incluso planteó que sus pautas o características no pueden ser las de las tres previas, la Independencia, la Reforma y la Revolución: división interna, violencia y confrontación fratricida.
El ombudman nacional, quien cuestionó la precarización salarial y ha promovido un recurso contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, incluso citó al Presidente a su clásico: “Sobre la necesidad de preservar y respetar la Constitución, así como la importancia de los derechos, el Benemérito de la Patria dijo: ‘Usaré todos los medios que caben en mis facultades para sostener ese código sagrado, cooperando al desarrollo de los principios humanitarios que contiene, a fin de que eche raíces profundas en los corazones de los mexicanos y sea en lo sucesivo la salvaguarda de las libertades públicas la única bandera que sigamos para no someternos jamás a la voluntad caprichosa de ningún hombre’”.
Resaltó que en la CNDH se defienden derechos, no privilegios, y se comparte la premisa de que la austeridad permee la vida pública y se revisen las estructuras burocráticas más allá de los salarios.
En defensa de la burocracia
Sin embargo, cuestionó enseguida: No debe estigmatizarse el servicio público; por el contrario, debe fortalecerse para que sea opción de vida y se cuente con la burocracia especializada y profesional que permita y garantice el normal desarrollo de las instituciones con independencia de los cambios de gobierno y, a la vez, la preserve de ellos.
Además, consideró que la capacidad, integridad y compromiso de los funcionarios no depende ni está condicionada al cargo que ocupan.
Ponderó que el ajuste a remuneraciones excesivas debe realizarse con parámetros objetivos, fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público, y más allá del discurso que polarice y divida, asumiendo la virtud o los vicios de una persona en razón del tipo de cargo que desempeña, hablemos de méritos, capacidades y profesionalismo.
Institucionalidad democrática
Más aún, declaró que ignorancia y pobreza no pueden ser vistas como virtudes, y expresó que la institucionalidad democrática no se puede debilitar precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante.
También afirmó que el problema de las desapariciones en México no se limita a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; sus alcances son mayores, hay miles de desaparecidos. No nos faltan sólo 43, sino más de 37 mil que esperan que el Estado emprenda acciones concretas y efectivas para atender sus casos.
Criticó asimismo la puesta en marcha de la Guardia Nacional, con el argumento de que en un Estado democrático las autoridades civiles no pueden estar subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad no estén condicionados a actuaciones autoritarias o discrecionales.
La Guardia Nacional, concluyó, tiene riesgos implícitos al privilegiar el uso de la fuerza y contraviene la Constitución.
