Víctor Leonel Juan Martínez
El recorrido del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a la toma de posesión en un automóvil Jetta, alejado de las fastuosas camionetas que suelen utilizar los gobernantes; la recuperación del palacio nacional como centro de poder político; el abandono de Los Pinos, como residencia oficial del presidente de la República y su apertura como museo.
Una apabullante mayoría de MORENA en el Congreso de la Unión y los otrora poderosos partidos (PRI, PAN, PRD) reducidos a su mínima expresión. El actual gobierno de México inició el 1º de diciembre, cargado de simbolismos y nuevas realidades.
Sin embargo, algunas acciones han generado también controversia. Es el caso de la ceremonia en que representantes de los pueblos indígenas entregaron el bastón de mando al presidente López Obrador. Los cuestionamientos van desde quienes expresan que la ceremonia es un acto íntimo de las comunidades y, por tanto, exponerla a la parafernalia mediática es una falta de respeto, hasta quienes cuestionan la representatividad de quienes participaron.
En parte, algunas críticas devienen de una posición que homogeniza lo indígena, negando su diversidad (cultural y política) y, por tanto, considera alguna experiencia aislada como la que ciñe la entrega del bastón, cuando hay multiplicidad de ellas. Es también práctica común que, como una deferencia a las autoridades estatales que visitan sus comunidades, les entreguen un bastón de mando durante el tiempo que dure el acto al que concurren; se pueden encontrar fotografías de los gobernantes de Oaxaca con el bastón en sus manos en la ceremonia de aniversario del natalicio de Benito Juárez, en Guelatao, por ejemplo. Una revisión de esta diversidad de significados la hace Iván Pérez Téllez (¿Cómo tratar con la alteridad?
Cosmopolítica indígena y bastones de mando: https://www.sinembargo.mx/22-12-2018/3512492).
En el debate sobre el tema se deja de lado el sentido simbólico que tiene ese acto del 1º de diciembre. Por primera vez, los indígenas están en el centro de la toma de decisiones nacional, en el primer día de un nuevo gobierno, visibilizados con esa ceremonia y con un compromiso del gobernante hacia ellos.
¿Qué nadie tiene la representación total de los pueblos indígenas? Cierto, la heterogeneidad del movimiento indígena, la diversidad cultural de los pueblos, su pluralidad política, no pueden encapsularse en una instancia representativa común, que no se ha construido. Hace un par de décadas pocos dudarían de la representatividad del EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI), y por supuesto, de su tarea esencial en el reconocimiento de derechos y la generación de luchas, su aportación histórica es esencial en los últimos 25 años. Ahora el abanico de las luchas, resistencias, intereses y derechos se ha ampliado y constituyen una parte importante del movimiento indígena, pero no la única.
Tampoco puede soslayarse la visión neocolonialista de algunos críticos que piensan que los indígenas no pueden pensar, decidir y hacer política por sí solos y son manipulados cuando no hacen lo que ellos (los analistas) consideran correcto. Y, es paradójico que desde el movimiento una demanda básica sea la representación en los ámbitos de decisión y, cuando se logra (aunque efectivamente no en las mejores condiciones), se desestima en lugar de capitalizarse.
Sin embargo, quienes participaron en la ceremonia del 1º de diciembre, tienen una larga trayectoria de lucha. Adelfo Regino fue el representante del CNI ante el Congreso de la Unión en 2001; Carmen Santiago, es una reconocida luchadora en tierras zapotecas de Oaxaca; Ceyla Cruz Gutiérrez, es la Comisariada de Bienes Comunales de la comunidad zoque de San Miguel Chimalapas; entre otras y otros que estuvieron presentes.
¿Se colaron viejos regenteadores de lo indígena? Sí. El médico tradicional que se hincó con un crucifijo, es de la “Gubernatura Indígena”, organización clientelar que poco tiene que ver con la agenda de reivindicación de los derechos indígenas y mucho con el control corporativo, de presión política y de búsqueda de recursos públicos. Como ese, hubo otros “colados”. Más que preocuparse por qué estuvieron en el ritual, habría que revisar las condiciones que permiten que irrumpan en las comunidades y asuman un papel de intermediación política y control clientelar.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió un mandato (el bastón expresa el mandato de la asamblea hacia su gobernante, no el poder de este sobre ella). Y, un símbolo “supera siempre a quien lo emplea y le hace decir en realidad más de lo que cree expresar”, señala Albert Camus. Ese hecho simbólico y la acción política sobre los pueblos indígenas, es un aspecto central que debe revisarse.
Por el momento, los mensajes tienen un sentido positivo: la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que centra su relación con los pueblos y comunidades reconociendo su carácter de sujetos de derecho público; un programa nacional que plantea la construcción de instancias regionales (Consejos Regionales de los Pueblos Indígenas) con representantes de las comunidades, electos en asambleas; la elaboración, a partir de las comunidades, de planes regionales de desarrollo; el programa de caminos rurales dirigido a cabeceras municipales en regiones indígenas; y, la entrega directa de los recursos a los gobiernos locales para la ejecución y administración de parte de la obra pública.
Sin duda, los mayores retos se encuentran en tres temas:
1) Los megaproyectos en territorios indígenas y el ejercicio del derecho a la consulta, en donde los pasos son titubeantes, como ha sucedido con el Tren Maya;
2) El presupuesto público destinado a pueblos indígenas. Al respecto la Cámara de Diputados ha reiterado la política de exclusión, al disminuir los recursos destinados a los pueblos indígenas en el Presupuesto de Egresos 2019; además, buscaron cerrar el paso a la entrega directa de los recursos a las comunidades.
3) La apropiación del ámbito regional por pueblos y comunidades para fortalecer su autonomía y fijar una nueva relación con los gobiernos. Este aspecto nodal, permitiría precisamente, gestar procesos autonómicos y de defensa de tierras y territorios que trasciendan lo comunitario y construyan una articulación entre las distintas luchas.
Si bien es temprano para evaluar la relación del nuevo gobierno y los pueblos, y en el camino subsisten inercias, intereses encontrados y nubarrones, las primeras señales y acciones son alentadoras.
