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Ciudad de Méxocp. Entre el pasado 1 de diciembre, día en que tomó posesión como presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 11 políticos en el país, en su mayoría, autoridades electas como alcaldes y regidores, informó el diario El Economista.
La última víctima fue el exdirigente del partido Morena en la región de la Costa de Oaxaca, Cutberto Porcayo Sánchez, asesinado a balazos la tarde de este jueves cuando viajaba en su automóvil acompañado por su esposa.
Otra de las víctimas recientes, reportado por el diario, fue el alcalde de Tlaxiaco, Oaxaca, Alejandro Aparicio y de su síndico municipal, Perfecto Hernández. Ambos fueron ultimados horas después de haber asumido al cargo. De acuerdo con la Fiscalía estatal fueron asesinados por un expolicía municipal, de 34 años, que laboró en una ciudad del norte del país.
La regidora morenista de Mazatepec, Morelos, María de Jesús Meléndez Salgado, fue asesinada a tiros afuera de su casa el pasado domingo 30 de diciembre, horas antes de asumir el cargo público.
Posible móvil: lucha por los cargos públicos
Para el director de la consultoría política Etellekt, Rubén Salazar, existe una visión errónea de los asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues atribuyen los asesinatos al crimen organizado, mientras que la información recabada por las autoridades apunta hacia otros móviles.
“En nuestro último estudio de violencia política cruzamos nuestra base de agresiones contra políticos con tres datos o variables muy importantes, para precisamente confirmar si se trataba o no (de) un tema del crimen organizado y encontramos que no es así”, Rubén Salazar.
En entrevista con el diario, Salazar explicó que la lucha por ingresar a un puesto público podría ser la principal motivación detrás de los homicidios, pues en los estados en donde fueron perpetrados (Guerrero, Oaxaca, Puebla, Edomex, Chiapas, Veracruz) un cargo burocrático es una de las principales oportunidades para que la población escale económica y socialmente.
“De ahí la intensidad con la que compite y se puede poner incluso la consideración de atentar contra autoridades en funciones con objeto de desplazarlos”, Rubén Salazar.
El consultor alertó que, a pesar de la prevalencia de la violencia en contra de políticos, aún no hay una estrategia propuesta por parte de la nueva administración federal.
