La Jornada.
Ciudad de México. Integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán, Oaxaca, pidieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que interceda para que se otorgue la libertad a sus ocho presos políticos. En conferencia de prensa, la abogada Argelia Betanzos Zepeda, hija de uno de los detenidos, dijo que los pobladores fueron acusados injustamente de homicidio calificado y tentativa de asesinato, por lo que llevan cuatro años en prisión.
Acompañada por Martin Peralta Betanzos, Elvira Bolaños Pacheco, Eusebio Zepeda y Viviana Gavito Martínez, entre otros integrantes de la asamblea, detalló que siete de los acusados fueron incluidos el pasado diciembre en una lista entregada por el Senado a la Secretaría de Gobernación para recibir amnistía. Remarcó que lo que buscan es justicia, porque si el proceso se realiza con apego a derecho, quedarían libres.
Obtendrían su libertad si hubiera imparcialidad en el juicio. Esperamos que la Fiscalía General de Oaxaca se desista de las imputaciones, que no son ciertas ni están comprobadas en los expedientes. Queremos que el gobierno federal incida en el tribunal para que las resoluciones se hagan motivadas, con eso salen”, expuso la litigante.
Los pobladores exigieron al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca supervisar el trabajo del juzgado y salas penales a cargo de los casos para que cumpla con la garantía del deber de motivación. La litigante precisó que actualmente quien lleva los casos es el juez mixto de primera instancia, Juan León Montiel.
Los detenidos el 14 de diciembre de 2014, por el asesinato de Manuel Zepeda Lagunas, hermano de la entonces presidenta municipal de Eloxochitlán, Elisa Zepeda Lagunas, ahora diputada local por Morena, son Herminio Monfil, Miguel Peralta, Jaime Betanzos, Alfredo Bolaños, Isaías Gallardo, Omar Morales Álvarez y Fernando Gavito.
A esta lista se sumó posteriormente Francisco Durán.
Los familiares culparon a Elisa Zepeda Lagunas de la situación que viven los acusados, ya que en su opinión ha incidido en el retardo judicial. Aseguraron que la diputada, antes apoyada por el PRI, ha intentado desde 2011 establecer un gobierno caciquil en la zona y que la problemática ha derivado también en que haya diversas familias desplazadas.
