Excélsior.
Ciudad de México. a consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Teresa Bracho González, advirtió a diputados federales que eliminar la autonomía de este organismo o desaparecerlo como propone la iniciativa del Ejecutivo Federal, dejaría a la educación a la deriva de intereses partidistas, políticos y gremiales.
“La autonomía para la evaluación es indispensable. Ser juez y parte en procesos de evaluación conlleva a incurrir en errores, en ausencias de información o en establecer preferencias deliberadas. Prevalecerían los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez; no podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos”, resaltó.
Al participar en el último día de audiencias públicas organizadas por la Cámara de Diputados para analizar la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del INEE, insistió que no contar con un organismo autónomo que evalúe el cumplimiento del derecho asentado en la Constitución es volver al oscurantismo.
Acompañada de los consejeros de la Junta de gobierno del INEE, Sylvia Schemelkes del Valle, Patricia Vázquez del Mercado y Bernardo Naranjo Piñeira, rechazó que el organismo haya sido un instrumento persecutor de maestros como lo destaca la exposición de motivos del Ejecutivo federal.
“Si lo persecutorio está en las consecuencias que derivan de los resultados de la evaluación de desempeño de los maestros, estas se establecen en la Ley General del Servicio Profesional Docente; entonces es ahí donde hay que dirigir la atención y me permito insistir, la elaboración, aplicación y consecuencias de las evaluaciones docentes no corresponden al Instituto, sino a la SEP”, refirió.
Por último, calificó como un error eliminar que el ingreso y la promoción en la carrera docente se hagan por concurso, pues se pone en riesgo la transparencia de los procesos de asignación de plazas que son reconocidas y valoradas por los maestros que las han aplicado, ya que los docentes han obtenido promociones en ingresos que antes no hubiesen podido realizar.
En contraste, el coordinador del Servicio Profesional Docente, Francisco Cartas Cabrera, aseguró que la reforma educativa de 2013 tuvo por objetivo perseguir y sancionar a los maestros, partiendo la desconfianza hacia los profesionales de la docencia, argumentando la supuesta mejora de la educación, ante lo cual, la nueva ruta será eliminar estas prácticas.
“Consecuencia de la aplicación de la reforma educativa cerca de 150 mil maestras y maestros tramitaron su jubilación a partir de las prácticas intimidatorias de que fueron objeto para someterse a las evaluaciones, en tales circunstancias el ejecutivo federal ha propuesto abrogar la reforma educativa y detener las afectaciones laborales y administrativas de que es objeto del magisterio nacional”, acotó.
