Proceso
Ciudad de México. La familia del estudiante universitario Jesús Israel Moreno Pérez, con el acompañamiento de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, interpusieron un juicio constitucional contra el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, por incumplir con la recomendación 13/2016 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca.
Carlos Moreno Zamora, padre del estudiante universitario desaparecido el 8 de julio de 2011 en el poblado de Chacahua, denunció que las autoridades de Oaxaca simularon la muerte de Jesús Israel Moreno Pérez para dar carpetazo al caso y a su búsqueda.
Explicó que el martes 19 de febrero se realizó la etapa oral del juicio constitucional de protección a los derechos humanos interpuesto por la Defensoría, en contra del Fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, por incumplir la recomendación 13/2016.
Moreno Zamora señaló en audiencia que “desde la denuncia de la desaparición de su hijo se enfrentó a diferentes obstáculos, entre ellos la negativa a ser recibido por las autoridades, la falta de investigación y constantes extorsiones por parte de los servidores públicos relacionados con la investigación”.
Hizo hincapié en que, ante la “inactividad de las autoridades, Carlos Moreno Zamora emprendió por su cuenta la búsqueda de su hijo, donde logró ubicar el celular de su hijo, identificar el lugar donde se hospedó y recuperar la mochila de sus pertenencias”.
“Pese a la evidencia presentada por Moreno Zamora, las autoridades investigadoras alteraron la evidencia para sustentar que la desaparición de Jesús Israel se debió a que fue asesinado en un asalto del que fue víctima en Chacahua; para sostener dicha hipótesis, la Fiscalía obtuvo testimonios bajo tortura, se basó en dictámenes con resultado negativo, avalúo de objetos falsos y una autopsia verbal, que se realizó a partir del testimonio de personas que aseguraron haber visto un cuerpo flotando en la laguna de Chacahua”, agregó.
Aunque la Defensoría advirtió en su recomendación que existían violaciones al derecho al debido proceso en relación con los derechos a una investigación diligente y exhaustiva, derecho a la verdad y el derecho a no sufrir desaparición, la Procuraduría, ahora Fiscalía General, fue ignorada.
Aunque la recomendación fue aceptada por el fiscal Héctor Joaquín Carrillo durante el gobierno de Gabino Cué, el actual fiscal Rubén Vasconcelos ha obstaculizado el cumplimiento de la misma, al grado tal que la única acción para dar cumplimiento fue la apertura de una carpeta de investigación en julio de 2018 (a casi dos años de haberse aceptado la recomendación).
El abogado de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Guillermo Naranjo, calificó de “desafortunada la reacción de la Fiscalía frente a esta demanda, pues en su contestación la Fiscalía buscó demeritar al Juicio de Protección de los Derechos Humanos al tildarlo de inconstitucional, soslayando el dolor de las familias y gravedad que implica investigar los casos de desapariciones”.
Finalmente, esperan que la Sala Constitucional resuelva el cumplimiento coactivo de la recomendación por parte del Fiscal y se deslinden las responsabilidades correspondientes.
De obtener fallo favorable y continuar el fiscal general incumpliendo la recomendación, podría ser separado del cargo y consignado a las autoridades por incumplimiento de sentencia, puntualizó.
