Jorge Oropeza
Desde antes del arranque del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la realización de consultas públicas fue una señal de nuevas posibilidades democráticas para escuchar la decisión de las mayorías sobre temas de interés nacional. Y es que, aunque la ley ya las contemplaba, estos ejercicios electorales están llenos de complejidades y mecanismos técnicos de difícil operación, como limitar su acceso a un amplio número de solicitantes casi siempre inalcanzable en una coyuntura. Eso sí, las reglas son claras.
Es evidente que las consultas públicas son herramientas de la Democracia. Cada ejercicio que se ha realizado actualmente así lo demuestra. Han tenido una gran participación sobre temas de amplio interés. Quizás la deuda que persiste es el método y la institucionalización de este tipo de comicios. Es ahí en donde están los riesgos de pasar de un instrumento en donde se atienden las voces a uno en el que se legitiman las decisiones del grupo en el poder.
Por lo anterior, es fundamental la institucionalización de esta nueva dinámica lopezobradorista para garantizar acceso, información abierta, legalidad y transparencia en cada proceso. Y para ello se requieren de al menos siete elementos sin los cuales será muy costoso transitar a la permanencia de estas consultas públicas en la vida democrática de México.
Primero se requiere de un método y protolocos de aplicación desde la organización, la elaboración de las preguntas, el mecanismo de sufragio y el conteo de los votos, es decir, tener las reglas claras. Definir criterios de aplicación tendría que ser otra cualidad que permita delimitar qué sí y qué no se consulta. Quitar burocracia y barreras para hacer accesibles y económicas estas elecciones sobre decisiones públicas es otra característica indispensable que permitirá aprovechar los momentos al más bajo costo económico.
Asimismo, un cuarto elemento es la existencia de un árbitro neutral que hoy en la ley es el Instituto Nacional Electoral (INE), pero que puede encargársele a Organizaciones de la Sociedad Civil u organismos internacionales, siempre y cuando las reglas estén claras a través de reformas legislativas. Por supuesto, que todo este proceso debe estar acompañado de la observación de actores externos sociales, académicos, políticos, nacionales, extranjeros y todo aquel ciudadano o ciudadana que se sume y al cual se le deben facilitar todos los accesos para escudriñar, cuestionar y, en dado caso, denunciar el proceso.
Finalmente, dos elementos más que se deben plantear como básicos para consultas públicas institucionalizadas son los mecanismos que garanticen información equitativa para ambas posibilidades a las que evoquen las preguntas, lo que permitirá un debate igualitario; asimismo, se requiere de la existencia de espacios de postdebate para que, una vez concluido el resultado, se abran oportunidades para propuestas opuestas y se desahoguen y analicen elementos que señalen las minorías no favorecidas.
*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.
