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De acuerdo con información de Compranet, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 se han otorgado 980 contratos de obra pública ya que las dependencias, institutos y organismos del gobierno federal han adjudicado de forma directa o por invitación restringida el 46% de la obra pública, gran parte de ella perteneciente al sector carretero.
Las dependencias que han efectuado este tipo de contratación son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Administraciones Portuarias e institutos de seguridad social como ISSSTE e IMSS.
La contratación de obra pública se realiza en tres modalidades de contratación: licitación pública nacional o internacional, y excepciones a la misma, que son la invitación restringida y la adjudicación directa.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), para que se otorguen contratos por estas dos últimas se deben cumplir requisitos como el monto a contratar, la “urgencia” o condiciones particulares de las obras.
Ahora, casi la mitad de las contrataciones se han hecho siguiendo esas “excepciones”.
De acuerdo con Mariana Campos, coordinadora de rendición de cuentas en México Evalúa, “el proceso para contratar que deben seguir los gobiernos, federal y estatales, es la licitación pública abierta. Cualquier otro proceso tendría que justificarse, y un gobierno que se piensa abierto y promotor de la integridad y de políticas anticorrupción, debería generar mucha rendición de cuentas sobre estas decisiones”.
