Jorge Oropeza
El debate por la Reforma Educativa de la Cuarta Transformación pasará por cuatro etapas de amplia discusión popular, conflicto, urgencia, prórrogas, caos, análisis y ajustes.
La primera transcurrió casi silenciosa tras culminar el proceso electoral y transitar los primeros 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En la etapa prelegislativa, la intensa dinámica de arranque de la nueva administración federal provocó que otros temas acapararán la agenda pública, académica y legislativa. La Reforma Educativa se mantuvo en suspenso pero en calma y bajo control. Esta situación dio tiempo al Ejecutivo Federal para construir el producto de arranque de la discusión de mayor impacto que es la que se vive actualmente al buscar transitar – ya en el Congreso de la Unión – la reforma constitucional.
La segunda etapa corresponde precisamente a la vigente discusión intensa, a detalle, especulativa, política y estratégica. Los actores ocultos o mesurados durante el periodo prelegislativo ahora emergen con opiniones, presiones y movilizaciones. Ya con la propuesta de iniciativa de reforma constitucional sobre la mesa está claro que se mantendrá la mayoría de los mecanismos de gobernanza educativa y que habrá cambios sustanciales en la profesionalización docente. Asimismo, se sabe que se profundizará y reforzarán las políticas de inclusión con mayor presupuesto para becas e infraestructura. También es evidente que habrá un cambio de visión y de plan curricular.
Hoy las grandes diferencias vuelven a estar en el tema laboral. Así transcurrirá todo el proceso legislativo de dictaminación en la Cámara de Diputados, luego en el Senado y después en los congresos locales. Y no se detendrá en las siguientes etapas.
La tercera fase del debate será la de las leyes secundarias. Y es que después de lograr la reforma constitucional vendrán los detalles de las legislaciones generales en educación, servicio profesional docente y del nuevo organismo que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que, al final de cuentas, terminarán aterrizándose en la implementación para todo el país y las entidades federativas. Aquí también habrá caos y discusión álgida.
Finalmente, la última etapa corresponde al postdebate legislativo ya con reforma constitucional y leyes secundarias. Es decir, ésta se dará de forma previa y durante la implementación. Aquí habrá resistencias naturales y el Estado comprobará si se dio a sí mismo – en las fases anteriores – los instrumentos necesarios para lograr la transformación deseada por encima de los poderes fácticos.
En todo este proceso, sobretodo el que vivimos actualmente, para el Estado es urgente culminar – con todo e imperfecciones legislativas –, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de prorrogar el caos y mantener de hecho y de derecho la aplicación de la Reforma Educativa 2013 que en el discurso ha sido muy lastimada. Si se consuma sin retrasos mayores la reforma constitucional, hay tiempo para perfeccionar las herramientas. Si se permite una prórroga en el debate, se corre el riesgo de más caos, costos políticos y contradicciones discursivas y legales.
*Presidente del Colegio de Profesionistas Compartir Conocimiento A.C.
