Ciudad de México. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés) sentenció que la situación de la práctica de ese delito en México “es muy preocupante”, pues existe una muy alta incidencia de esta violación a los derechos humanos, incluida la tortura sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención.
Por ello, demandó a los representantes del Estado a “pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas”.
Esta instancia internacional presentó este viernes las recomendaciones finales a la evaluación que los pasados 25 y 26 de abril realizó al Estado mexicano en torno a esta materia. En el documento se hace una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas y le da un año, al 17 de mayo de 2020, para que haya una primera respuesta a las mismas y un avance del grado de su cumplimiento.
El CAT expresó que si bien la ley nacional en la materia considera al delito de tortura en buena medida a lo que corresponde a lo dispuesto en el artículo 1 de la Convención internacional, aún existen preocupaciones de que la ley mexicana no abarque de manera expresa los actos de tortura cometidos con el fin o propósito de obtener información o una confesión de un tercero, ni aquellos dirigidos a intimidar o coaccionar a otras personas distintas de la víctima.
Por ello, instó a las autoridades mexicanas a modificar el tipo penal del delito de tortura de los artículos 24 y 25 de la Ley General “para que incluya expresamente los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar, coaccionar, obtener información o una confesión de un tercero”.
El documento del CAT fue dado a conocer en Ginebra, Suiza, donde hace unas semanas se realizó la evaluación a México. En éste, la instancia de la ONU lamentó que el Estado mexicano no le haya dado información completa sobre el número de denuncias por actos de torturas y malos tratos registradas durante el periodo en examen.
“Según los escasos datos presentados por la delegación, en 2013 hubo 870 quejas por presuntos actos de tortura cometidos por miembros de la Policía Federal y 360 por malos tratos, mientras que en 2018 las quejas por tortura fueron 466 y 40 por malos tratos. En 2013 se registraron 42 quejas por presuntos actos de tortura cometidos por funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y 32 en 2018. Las quejas (sin especificar) registradas contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron 3 mil 569 en 2013 y mil 216 en 2018. Y respecto de la Secretaría de Defensa Nacional, únicamente se indica que entre 2013 y 2018 esta institución fue objeto de 22 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 11 de ellas por tortura y malos tratos.
“Si bien la delegación mexicana defendió que los programas de capacitación para miembros de los cuerpos de seguridad del Estado habrían contribuido a reducir el número de quejas, el Comité tiene serias reservas al respecto. Más aun cuando el Estado parte no ha presentado dato alguno relativo al periodo 2014-2017, ni información estadística desglosada sobre las quejas registradas, las instancias ante las que se presentaron dichas quejas o el órgano encargado de su investigación. El Comité tampoco ha recibido la información solicitada sobre las medidas adoptadas por el Estado parte en respuesta a las 18 recomendaciones por violaciones graves emitidas durante el periodo objeto de examen por la CNDH en casos de tortura y malos tratos y que se dirigieron principalmente a la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Marina y la FGR. El Comité lamenta que aún no se haya creado el Registro Nacional del Delito de Tortura, previsto en la Ley General contra la Tortura”.
En ese sentido exigió a México adoptar las medidas necesarias para garantizar que los sistemas de denuncia sean eficaces, independientes, accesibles y completamente seguros para las víctimas; crear y mantener actualizado el Registro Nacional del Delito de Tortura, recopilar y publicar datos estadísticos sobre el número de denuncias por actos de tortura y malos tratos registrados en todas las instancias; entre otros.
Un punto nodal fue la preocupación del Comité por “las graves deficiencias que presenta la investigación de actos de tortura y malos tratos en México, así como por la persistencia de altos niveles de impunidad asociada a este tipo de delitos”.
Detalló que de acuerdo con los datos proporcionados por los representantes del gobierno mexicano, en enero de 2019 la FGR contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por el delito de tortura. “Sin embargo, el Comité lamenta no haber recibido información completa sobre el número de casos en los que se ejercitó la acción penal y el número de procesos judiciales y procedimientos disciplinarios abiertos por actos de tortura o malos tratos durante el periodo examinado.
“El Comité tampoco ha recibido del Estado parte la información solicitada sobre el volumen de trabajo del personal adscrito a la Fiscalía Especializada. Por otro lado, según la sucinta información proporcionada por la delegación, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura, aunque no se cuenta con información sobre el estado y contenido de las mismas, ni sobre las sanciones impuestas a las personas condenadas”.
Denunció que tampoco se le dio información sobre las sentencias dictadas en el fuero estatal, aunque los datos que figuran en el Censo Nacional de Procuración de Justicia de 2017 elaborado por el Inegi, indican que sólo en el año 2016 se registraron un total de 3 mil 214 denuncias de tortura y malos tratos de las que sólo ocho fueron enjuiciadas.
EL CAT lamentó además que se mantenga en el ordenamiento jurídico la figura penal del arraigo, aunque se tiene en cuenta la existencia de un proyecto de reforma constitucional que de ser aprobado supondría su eliminación.
El informe hace un análisis detallado de diversos aspectos donde se presentan Prácticas de tortura: desaparición forzada, mujeres víctimas de violencia sexual, migrantes, centros de reclusión, espacios para la salud mental, entre otros.
La Jornada
