La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su Consejo Consultivo manifestaron su preocupación por los efectos que ha generado la política de austeridad en goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población del país.
La CNDH le pidió a las autoridades adoptar las medidas para garantizar el acceso a servicios de atención médica, tratamientos y prestaciones de seguridad social a todas las personas; asegurar la continuidad del suministro de medicamentos; la disponibilidad, en todas las unidades médicas, de personal suficiente y con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios.
Asimismo, pidió la provisión sin dilación o interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente.
Además, llamó a implementar las acciones para garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas para evitar transgresiones de consecuencias irreparables, para lo cual, teniendo en cuenta las medidas de austeridad implementadas por la actual administración, se deberán asignar los recursos económicos suficientes.
También deberán garantizar el acceso a centros, bienes y servicios de salud en condiciones de igualdad y no discriminación; velar por una distribución equitativa de todos los bienes y servicios en esa materia; vigilar la apropiada formación de médicos y demás personal relacionados y proporcionar la atención integral a las y los pacientes.
Mediante un documento dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías; al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez Pineda, la CNDH les hizo saber que tales peticiones atienden al mandato del artículo 1° constitucional.
Subrayó que, ante señalamientos de posibles actos de corrupción, irregularidades, inconsistencias o uso indebido del gasto público, es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables.
Además, les recordó el deber del Estado mexicano de “tener en cuenta la imperiosa necesidad de transitar a un sistema de salud en el que se garanticen los derechos humanos de todas las personas, se privilegie la atención de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, y se establezcan los mecanismos para asegurar la sostenibilidad financiera y el incremento progresivo de cobertura, sin dejar de lado la calidad y calidez en los servicios de atención médica”.
Por su parte, el Consejo Consultivo de la CNDH también externó su preocupación por el impacto en el goce y ejercicio del derecho a la protección de la salud de la población en todo el país, derivado de la reducción presupuestal a ese sector, implementada como parte de las medidas de austeridad de la actual administración.
Por tal razón, llamó al titular del Poder Ejecutivo Federal y a las autoridades fiscalizadoras del gasto público y de salud, a adoptar medidas urgentes para garantizar a todas las personas el acceso a servicios de atención médica, medicamentos, tratamientos y prestaciones de seguridad social.
El organismo enfatizó que el Estado mexicano “debe transitar de una visión donde la actuación de las autoridades de salud se dirige a paliar carencias sociales, a una encaminada a la garantía plena de los derechos humanos, cuya realización efectiva requiere, invariablemente, de un nuevo enfoque en la recaudación, asignación y ejercicio de los recursos públicos, que privilegie la atención de los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud, priorice la atención de los sectores más vulnerables, y establezca mecanismos adecuados para asegurar la sostenibilidad financiera, el incremento progresivo de la cobertura y la calidad de los servicios de salud”.
El Consejo Consultivo señaló que “México necesita un sistema de salud que se enfoque en las necesidades de las personas, y sea capaz de ofrecer atención preventiva y personalizada. Para ello se requiere una reforma continua y exhaustiva que impulse la construcción de un sistema equitativo, eficiente, sustentable, de alta calidad, unificado y universal donde el acceso esté determinado por la necesidad y no por la situación laboral”.
También indicó que “es crucial para este Cuerpo Colegiado que, ante señalamientos de actos de corrupción, irregularidades o uso indebido del gasto público, es incuestionable la obligación de las autoridades de investigar y sancionar a los responsables. En todo caso, cualquier medida que se adopte al respecto, deberá tener presente el respeto irrestricto a los derechos humanos, es decir, no debe limitar, restringir, anular o disminuir los estándares de protección de su goce y ejercicio. Asimismo, las medidas de austeridad deben prever lo necesario para evitar el subejercicio del gasto público en detrimento del desarrollo nacional”.
El Consejo estimó que las autoridades deben asegurar la continuidad del suministro de medicamentos y su disponibilidad en todas las unidades médicas, así como la presencia de personal suficiente que cuente con las competencias necesarias para la atención de las y los usuarios; la provisión sin dilación o interrupciones de insumos, materiales, equipo y servicios complementarios indispensables para la prestación de los servicios de salud, y la construcción, mantenimiento y mejora de la infraestructura que permita proporcionar una atención eficiente, digna y de calidad.
La Jornada
