La Jornada
En el caso judicial iniciado en contra del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya y el dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no existe una persecución política, se trata de procedimientos ya iniciados en el sexenio pasado, que no se podían detener, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia de prensa, el mandatario recordó la trama de irregularidades relacionadas con la privatización y recompra de una planta de fertilizantes, que incluyeron sobreprecio y un crédito, que en conjunto lleva la operación a cerca de los 800 millones de dólares.
En este caso, “no podíamos voltear la hoja, cerrar los casos porque en esta planta, además de que se destinó dinero público, dinero del pueblo a la compra, se autorizó un crédito de 300 millones de dólares para rehabilitarla”, indicó.
Cuestionado si en las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera tuvo algún peso el hecho de que su titular, Santiago Nieto, hubiera tenido choques en el sexenio anterior con Lozoya, el presidente descartó que detrás de las respectivas órdenes de aprehensión hubiera algo personal.
López Obrador también fue cuestionado si los alcances de la investigación pudieran involucrar al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
El mandatario replicó que la investigación está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) “y ellos van a decidir si se ciñe o se acota a los presuntos responsables ahí señalados, o se amplía”.
“Pero no hay persecución política”, subrayó López Obrador. “Son hechos que involucran presuntos delitos, que se tienen que investigar, seguir y se tienen que castigar, en el caso de que así lo determinen los jueces”.
Ratificó que no va a detener ninguna investigación. Si bien “no es mi fuerte la venganza”, la UIF tiene la instrucción de que todos los asuntos que surjan sean presentados ante la FGR, señaló
