Ciudad de México. La Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional emitió esta mañana la convocatoria para la elección, por voto directo de sus militantes, de la dirigencia nacional, que se realizará el 11 de agosto. El documento fija las bases para que el proceso se realice bajo “principios de certeza, legalidad, imparcialidad y equidad”.
El registro de fórmulas de candidatos a presidente y secretaria general se realizará el sábado 22 de junio, y la convocatoria exige que los aspirantes obtengan al menos tres apoyos de los sectores y organizaciones o al menos de 20 por ciento del total de los consejeros políticos.
Se precisó que los sectores y organizaciones solo podrán otorgar sus apoyos a dos fórmulas y el de los consejeros políticos a una.
Además, se incluyen los requisitos ya establecidos en los estatutos del tricolor: ser cuadro de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y lealtad al partido; no haber sido dirigente, candidato, militante o activista de otro partido; acreditar carrera de partido, con una militancia fehaciente de diez años; en los casos de quienes ocupen un cargo de elección popular, solicitar licencia efectiva desde el momento de su solicitud de registro.
También, haber desempeñado con anterioridad algún cargo de dirigencia partidista.
La comisión determinó que, después del registro, tendrá hasta tres días para determinar el cumplimiento de todos los requisitos. Ratificó el tope de gastos de campaña de 4 millones de pesos y una fiscalización efectiva de los fondos, con objeto de evitar que se utilicen recursos públicos.
Asimismo, fijó que la etapa de campaña será del 26 de junio al 9 de agosto, aunque detalló que, si hay una sola fórmula registrada, todas las etapas del proceso interno quedarían sin efecto y, en ese caso, se tomará protesta a los nuevos dirigentes el domingo 14 de agosto.
Con todo, se prevén dos debates, el 17 de julio y el 7d e agosto y se advirtió de sanciones, en caso de que, durante la campaña, los aspirantes recurran al uso de propaganda ofensiva, contratación de tiempos en radio o televisión, el uso de recursos públicos o se exceda el tope de gastos.
La Jornada
