Ciudad de México. El Mecanismo Federal de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas es insuficiente para contrarrestar la vio-lencia que enfrentan en México. Se requiere una política integral basada en cuatro pilares: el reconocimiento público de su labor, políticas de prevención, de protección e investigación, y sanción a los responsables de los ataques.
Así lo estimó la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la cual tiene el siguiente registro: en 2017 fueron asesinados 12 periodistas y siete defensores; en 2018, 12 y 14, respectivamente; y en lo que va de 2019, siete comunicadores y 11 activistas han sido privados de la vida presuntamente por causas ligadas a su actividad profesional y/o vocación. De ese total, siete personas habían estado o estaban bajo la protección del citado mecanismo.
En entrevista con La Jornada, Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México, indicó que esa instancia internacional trabaja en un diagnóstico de ese protocolo de protección, cuyos resultados y recomendaciones se prevén entregar en un par de meses. Adelantó algunos de los contenidos del mismo:
El mecanismo no puede ser la única política de protección a comunicadores y activistas, la necesidad de reforzarlo tanto en personal como en presupuesto (actualmente hay 888 beneficiarios protegidos y apenas 36 funcionarios asignados a la materia), tener mayor coordinación con los gobiernos estatales y contar de manera paralela con una política que combata la impunidad en los crímenes cometidos.
Resaltó que a casi siete años de haber sido creado, el mecanismo ha salvado vidas, tiene un carácter nacional y la activa participación no sólo de instancias de gobierno, sino de actores de la sociedad civil y de organismos nacionales e internacionales; además que se ha conformado como una entidad transexenal.
Destacó la apertura que existe en la actual administración federal, en particular en la Secretaría de Gobernación –instancia de la que depende el Mecanismo de Protección–, en torno a los derechos humanos, por lo que confió que el diagnóstico se convierta en una hoja de ruta para mejorar y crear la estrategia efectiva de prevención y protección.
Tenemos que ver el trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos como una actividad de interés público, independientemente de las garantías individuales que les corresponden. Su labor tiene dimensión colectiva porque el derecho a estar informado o a ser de-fendido es para todos. Quienes ejercen el periodismo o defienden garantías fundamentales son un enlace fundamental para el resto de la ciudadanía.
Interrogado en torno a las declaraciones que ha hecho en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra algunos sectores del gremio periodístico y contra organizaciones civiles, el funcionario de la ONU-DH enfatizó que resulta esencial que todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y cualquier persona que ejerza una función pública reconozca la importancia de la libertad de expresión y de la de ejercer la defensa de los derechos humanos, lo cual implica per se una medida de prevención.
La Jornada
