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Ciudad de México. Las distribuidoras de medicamentos establecieron en sexenios pasados diversas alianzas con los productores para cooptar el mercado de medicamentos, lo que provocó en diversas ocasiones que el gobierno federal pagara sobreprecios de hasta 35%, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
“Limitaban el margen de acción, tanto de la entidad privada del registro, como el margen de acción del Estado mexicano”, afirmó el funcionario.
Las empresas distribuidoras prestaban sus servicios a los laboratorios productores de medicamentos típicamente requeridos por el sector salud y solicitaban cartas de exclusividad, abundaron en conferencia de prensa integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del sector salud.
Las distribuidoras también inducían la práctica de compras de emergencia al abastecer de forma insuficiente a los hospitales públicos para que después se tuviera comprar los medicamentos a costos más elevados ante la prisa de adquirir estos productos.
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Pese a que se detectaron dichas prácticas y el gobierno federal busca erradicarlas al limitar la intervención de las empresas que se especializan en la distribución de medicamentos, no podrán limitarlas de participar en las próximas licitaciones, toda vez que cuentan con amparos.
“Las empresas se ampararon para poder participar en cualquier concurso, pero la licitación está dirigida a los titulares de los registros sanitarios, quien los tenga podrá participar; en ese sentido, las licitaciones son completamente abiertas, en estricto apego a derecho, por lo que participará quien lo pueda hacer”, señaló Raquel Buenrostro, titular de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En este contexto, la funcionaria, quien actualmente está a cargo de la compra consolidada de medicamentos de todo el gobierno federal, garantizó que se llevará a cabo un proceso competitivo.
Asimismo, se dio a conocer que la licitación de medicamentos genéricos para el segundo semestre tendrá un monto de 17,000 millones de pesos y se llevará a cabo una investigación internacional de mercado con el objetivo de identificar los costos más adecuados y los tratamientos más efectivos.
La distribución de los medicamentos en los hospitales públicos del país se dividirá en cinco regiones con el objetivo de continuar con la estrategia para evitar que las empresas encargadas de este servicio establezcan un oligopolio e incluso establezcan barreras entre las farmacéuticas y el gobierno.
