La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX) tiene abierta una investigación contra exfuncionarios de la dependencia, entre ellos el exprocurador, Edmundo Garrido, y el extitular de la Dirección de Estadística Criminal, César Martínez Jaso, por el ‘maquillaje’ de más de 24 mil delitos de alto impacto.
Autoridades capitalinas dijeron este martes que fue el pasado jueves cuando se recibió el resultado de una auditoria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) a las cifras de la dependencia de 2018.
Ahí se reveló que fueron 24 mil los delitos de alto impacto que se “maquillaron” en la administración pasada, encabezada por Miguel Ángel Mancera, entre ellos 145 homicidios, 28 casos de lesiones por disparo de arma de fuego y más de 20 mil casos de robo en diversas modalidades.
Según el resultado de la auditoria -en la que también participó un representante de la ONU y que implicó la revisión de más de 240 mil expedientes-, con las nuevas cifras se estableció un incremento del 73.9 por ciento en la incidencia de delitos de alto impacto, al pasar de 32 mil 506 expedientes a 56 mil 532.
Mientras que los delitos de bajo impacto tuvieron una disminución de 8.7 por ciento, al pasar de 202 mil 168 a 184 mil 498. Esto porque muchos delitos de alto impacto se hicieron pasar como delitos de bajo impacto.
De acuerdo con autoridades capitalinas, una vez concluida la auditoria, es el propio SESNSP el encargado de dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por que se investiguen estas anomalías.
Dicha denuncia se sumaría a la que ya se inició el 23 de marzo pasado, por la Fiscalía de Servidores Pública de la procuraduría capitalina, en la que se investiga “toda la cadena de mando” de la Dirección de Estadística Criminal.
En 2018, en dicha Dirección, había 106 empleados, entre ellos el entonces director César Martínez Jaso, quien respondía directamente a las órdenes del Procurador de Justicia, Edmundo Garrido Osorio.
Estas personas son las que están bajo investigación para identificar al o los responsables, quienes podrían ser acusados del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, sancionado con penas de uno a tres años de prisión.
La principal sospecha, señalaron, es que el “maquillaje” de las cifras se hizo para ocultar el alza en la incidencia delictiva justo en un año electoral.
Según el resultado de la auditoria, los casos más graves ocurrieron en el delito de homicidio donde ejecuciones claras, incluso posiblemente relacionados con la delincuencia organizada, se reportaron como homicidios accidentales.
Destaca, por ejemplo, el caso de un motociclista que fue ejecutado a tiros, y en la carpeta de investigación se inició como homicidio culposo o accidental.
El reporte del SESNSP advierte que en el caso de robo a negocio con violencia se ocultaron mil 546 casos, con lo que ocultar 51 por ciento de la incidencia de ese delito, y solo se reportó el 8 por ciento de alza.
Sin embargo, el caso más dramático, ocurrió con el delito de robo a transeúnte en la vía pública, de los cuales se ocultaron 14 mil 662, con lo que se ocultó más de 153 por ciento de este tipo de delitos.
El Financiero
