El Economista
Ciudad de México. Empresarios, académicos, especialistas y sindicatos se pronunciaron a favor de regular el outsourcing en México, como una medida para generar certidumbre, garantizar los derechos laborales de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como cerrar la puerta a las malas prácticas.
En el marco de la última jornada del Parlamento Abierto en materia laboral convocado por el Senado, los expositores destacaron la necesidad de avanzar en una regulación específica para la subcontratación, en una segunda fase de reformas laborales.
Coincidieron en que las acciones que se han tomado en distintos momentos, sólo son esfuerzos que no han logrado limitar los abusos en la contratación que eliminan los derechos de los trabajadores, pese a ser necesarios para mantener la productividad de las empresas. En el Congreso de la Unión actualmente hay 11 proyectos para regular esta figura.
“Nosotros estamos a favor de una regulación para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores mexicanos”, dijo Elena Achar, directora de Relaciones Institucionales de TallentiaMX. La especialista consideró que la actual regulación es escasa y no es homogénea.
Por ello, propuso plasmar en la legislación una definición jurídica clara de la subcontratación y desarrollar una certificación para las empresas que se dedican a este giro a través de una Norma Oficial Mexicana con 120 variables, las cuales servirán para que las organizaciones comprueben el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y el respeto de los derechos de los trabajadores.
“Las empresas que no cumplan con esas variables, que se dediquen a otro giro. Pero que no hagan mal uso de esta figura que puede implicar crecimiento económico, productividad y, sobre todo, bienestar para los trabajadores mexicanos. Queremos que se cumpla con el marco jurídico aplicable, evitando plenamente la simulación de operaciones”, sentenció Elena Achar.
Políticas articuladas
Carlos Reynoso, profesor investigador de la UAM-Azcapotzalco, coincidió en el desorden jurídico del outsourcing en México y destacó la necesidad de regular “un fenómeno, entre comillas, que forma parte de la realidad laboral de nuestro país”.
Comentó que se requiere una visión de Estado que promueva un marco regulatorio articulado en lo fiscal, laboral y de relaciones entre las empresas, que ayude a ver en la subcontratación un mecanismo de respeto a los trabajadores, fomento del empleo y fortalecimiento a la economía, “que tanta falta le hace”.
La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), por su parte, planteó que los contratos de los servicios de subcontratación se certifiquen y regulen ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Además, pidió que las organizaciones contratantes tengan responsabilidad directa con el trabajador, que no sea sólo solidaria, como lo prevé la actual legislación.
En este debate, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) no se quedó atrás e hizo a un lado su discurso previo de eliminar el outsourcing, para proponer dos puntos para mejorar la tercerización en favor de los trabajadores: reconocer la antigüedad laboral de los trabajadores y que la empresa expida una constancia en la que se establezcan las condiciones de su contratación (fecha de inicio de labores, salario y prestaciones).
“Ésta les ayuda a los empresarios buenos, a los que hacen las cosas bien, a los que ven en los trabajadores un aliado para salir adelante. La mala práctica afecta al sistema tripartita. Dejamos patente nuestra propuesta (…) siempre velando por los intereses de la clase trabajadora, pero también cuidando a los empresarios buenos”, dijo Ricardo Osornio, representante de la CATEM.
Inspecciones efectivas
El sector patronal también fijó su postura a favor de la subcontratación. Jaime Bustamante Miranda, vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex, propuso dotar de mayor facultad a las autoridades para inspeccionar detalladamente el cumplimiento de las obligaciones de las empresas de tercerización.
Gabriel Aparicio, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech) aseguró que la regulación del outsourcing es oportuna, pero lo que se debe fortalecer son las inspecciones.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) tampoco se quedó atrás. Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del CCE, resaltó la importancia de erradicar la simulación del outsourcing a través del cumplimiento de obligaciones fiscales y la promoción de buenas prácticas.
En ese punto, Elena Achar enfatizó que la regulación debe transitar en dos variables: obligaciones fiscales y derechos laborales de los trabajadores.
Elías Micha, presidente de TallentiaMX, consideró que las propuestas para eliminar el outsourcing ya quedaron en el pasado y ahora la prioridad es su regulación, al menos para los senadores.
“A mí no me queda la menor duda. Se reconoce que la subcontratación es un elemento fundamental para las empresas. La discusión por eliminarla ya quedó en el pasado”, expuso.
En entrevista, explicó que eliminar la subcontratación tendría consecuencias graves para la economía del país, como el incremento en la informalidad.
Micha afirmó que aún existe confusión con el giro de la subcontratación y es importante tener definiciones claras para poder regular esta actividad y evitar la incertidumbre jurídica.
