Financiero
50 empresas están siendo analizadas por el caso de ‘La Estafa Maestra’, señaló este martes Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
El funcionario, quien no quiso revelar los montos investigados, dijo que hasta el momento no se han bloqueado cuentas de exfuncionarios o personas relacionadas con el fraude que se realizó a través de universidades públicas y que denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sexenio pasado.
“En este momento estamos analizando la información que presentó el sistema financiero para efectos de poder colaborar con la investigación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y por supuesto proceder de acuerdo con nuestras facultades legales. Estamos en este momento trabajando en eso”, señaló.
-¿Ya hay algunas cuentas congeladas?, se le preguntó antes de que ingresara a la reunión de gabinete en Palacio Nacional.
-De momento no, pero estamos ya analizado toda la información del sistema financiero para poder proceder en consecuencia-, remarcó.
Nieto subrayó que Rosario Robles, extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no es la única exfuncionaria investigada por el tema.
“No, evidentemente hay una red de servidores públicos y empresas relacionadas, no puedo dar datos”, comentó.
El lunes, se dio a conocer que la FGR solicitó que la exfuncionaria fuese vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
“Por medio del presente solicito de la manera más atenta se me señale fecha y hora para la celebración de audiencia inicial para formular la imputación y vinculación a proceso en contra de la C. MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA por el delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL SERVICIO PÚBLICO”, dicta el documento al que tuvo acceso el medio Eje Central.
Este martes, Julio Hernández Barros, abogado de Robles, acusó que su clienta se enteró del proceso por los medios de comunicación y no por las autoridades, lo que vulneró “sus derechos humanos”.
Al respecto, Nieto señaló que la información sobre el caso estaba más relacionada con el derecho de acceso a la información pública.
“Muchos tribunales constitucionales en el mundo, incluyendo la Suprema Corte (de Justicia de la Nación), han señalado que el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más reducido cuando estamos en presencia de presuntos actos de corrupción”, respondió.
“La propia legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información pública que en los casos de corrupción no puede decretarse la reserva de ley y tienen que ser del conocimiento público”, agregó.
