La Jornada
Con sus propias reglas -y sin supervisión de instancias externas- el PRI realiza hoy su proceso para elegir a su próximo presidente, en medio de un alud de quejas de quienes no pudieron votar por no estar en el padrón de militantes, así como de presuntos casos de urnas “embarazadas”.
A nivel oficial sólo había dos incidencias hasta el medio día: el robo de un paquete electoral con mil 240 boletas, sustraídas de la casa de la presidenta de casilla en un municipio de Tezala, Aguascalientes.
Aunque en redes sociales y en las mesas receptoras se multiplica el enojo de quienes no pudieron votar por no aparecer en el padrón de 6.7 millones de militantes, el Presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) del PRI , Rubén Escajeda, dijo que podría tratarse de gente de otros partidos que intenta sufragar.
Él se dijo contento y optimista por el arranque de la jornada comicial “con incidentes naturales” de un proceso de esta naturaleza.
En el primer corte informativo de la jornada señaló que fueron instaladas 5 mil 892 mesas, equivalentes al 96 por ciento del total programado.
Aseguró que la afluencia es buena y confió en que el proceso electoral sea exitoso, al tiempo de llamar a sus compañeros a comportarse con civilidad, mientras que a los candidatos les pidió no hacer manifestaciones antes de conocer los resultados.
“Aprovecho esta oportunidad para reiterarle el candidato y candidatas pedirles su voluntad política para respetar las reglas y que su discurso sea hasta que termine la jornada electoral, porque las normas elementales de un proceso es que los candidatos guarden las reglas pata que la jornada transcurra en términos normales”.
En conferencia de prensa sólo hizo mención de dos incidentes: la casilla 220, en Zitácuaro, Michoacán, no se pudo instalar porque se cayó un puente y afectó a la comunicación de la zona, mientras que en la citada de Aguascalientes se reportó el robo dentro de la casa de la funcionaria de casilla.
Los integrantes de la CNPI confirmaron lo publicado por La Jornada en el sentido de que el presupuesto programado para esta elección es de 80 millones de pesos, esto es, un tercio de lo que les habría cobrado el Instituto Nacional electoral por sus servicios.
De ese monto, una décima parte parte correspondió a la impresión de más de 6 millones de boletas y diversas herramientas del paquete electoral.
Igualmente los representantes de esta comisión que funge como árbitro electoral refirieron que el PRI se encuentra en una situación financiera limitada, por lo que ese tope de 80 millones de pesos saldría incluso de endeudamiento.
En tanto, el presidente de la comisión confirmó que no hay una instancia superior o ajena al partido que audite las cifras oficiales.
“Así como que alguien nos auditen, no tenemos un organismo. La Comisión Nacional de procesos internos es la responsable”, señaló.
