Proceso
Las prisiones mixtas en los estados de Sinaloa, Veracruz y Colima, “no reúnen las adecuadas condiciones de habitabilidad” en agravio de mujeres presas, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con las recomendaciones 49/2019, 54/2019 y 58/2019, dirigidas a los gobernadores de dichas entidades, Quirino Ordaz, Cuitláhuac García y José Ignacio Peralta, respectivamente, el organismo consideró que las mujeres internas en cárceles mixtas de dichos estados se encuentran “en condiciones de desigualdad en relación con las presentadas en los centros femeniles”.
En dichas recomendaciones, el organismo explicó que los documentos de recomendación se derivaron del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, en el que se detectó que mientras los centros penitenciarios femeniles tuvieron una calificación promedio de 7.57 a nivel nacional, los espacios de reclusión mixta tuvieron 5.98 en el país.
Se resalta que, en los casos de las cárceles mixtas de los estados mencionados, las evaluaciones estuvieron por debajo del promedio nacional, de manera que Sinaloa tuvo calificación de 5.62; Veracruz, 5.87 y Colima, 6.61, “todo ello en escala de 0 al 10, lo que generó visitas extraordinarias a esas entidades federativas, realizando entrevistas a personal penitenciario y mujeres privadas de su libertad”.
Cabe destacar que el Diagnóstico fue presentado en marzo de 2019, en tanto que las quejas que derivaron en los documentos recomendatorios, fueron iniciados en agosto, luego de que, en las visitas a los penales, el personal de la CNDH “observó que la situación actual propicia la trasgresión” a los derechos de las mujeres privadas de libertad en materia de “alimentación, seguridad, actividades laborales y educativas, entre otros”.
La CNDH consideró que los agravios en contra de las mujeres internas en los centros de reclusión se originan en “las precarias condiciones en los espacios destinados para ellas y sus hijos que ahí viven, donde imperan la falta de servicios, de protección a la salud y personal en todas las áreas”.
En Veracruz, la recomendación respectiva destacó que de los 17 centros penitenciarios con que cuenta la entidad, “no hay un establecimiento penitenciario específico para mujeres”, y que, en las evaluaciones de los últimos cinco años, el deterioro de las condiciones penitenciarias ha ido empeorando, al pasar de una evaluación de 6.93, en 2014 a 5.87 en 2018.
En Sinaloa, la CNDH confirmó que, en cuatro centros penitenciarios mixtos, “resulta preocupante la tendencia a la baja en la calificación” de sus condiciones, pasando de 5.88 en 2016 a 5.62 en 2018.
En tanto en Colima, el centro penitenciario mixto, tuvo un descenso en su evaluación entre 2017 y 2018, al pasar de 7.09 a 6.61.
El organismo recordó que el tema de la mujer en reclusión y sus hijos, ha sido abordado “insistentemente” por la CNDH en informes especiales en los que se ha requerido a las autoridades del sistema penitenciario a “tomar medidas necesarias para lograr la erradicación de las situaciones observadas” que afectan a esa población.
Para la CNDH es indispensable atender a las mujeres privadas de la libertad “en razón de su género, para proporcionarles atención especializada, así como a sus hijas e hijos, y se cuente con centros exclusivos para mujeres, lo que ha sido una de las propuestas constantes” en los informes especiales.
En ese sentido, la CNDH recomendó a los gobernadores de Sinaloa, Veracruz y Colima, “realizar acciones para que la entidad respectiva cuente por lo menos con un establecimiento específico para mujeres privadas de la libertad o, en su caso, asignar recursos presupuestales, materiales y humanos que permitan la organización y el funcionamiento independiente de los centros visitados”.
El organismo instó a garantizar que las personas responsables de los centros o espacios de reclusión femeniles en esas entidades, “desde su titular, deberá ser mujer, hasta el personal de las áreas jurídica, técnica, médica, administrativa, seguridad y custodia, así como infraestructura y equipamiento para que se garanticen condiciones de estancia digna y segura para ellas, sus hijas e hijos”.
A los gobernadores de las entidades señaladas, se les conminó a “emprender acciones para que se garantice el derecho a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad en dichos estados, en especial en labores productivas, privilegiando el trabajo remunerado y su capacitación para actividades útiles para cuando obtengan su libertad; e iniciar un programa de capacitación continua con perspectiva de género dirigido al personal que atiende a las mujeres”.
