Proceso
Unión Hidalgo –en la región zapoteca de Oaxaca– es uno de los municipios más cotizados por las trasnacionales eólicas. Ahí todo el año hay viento, que se intensifica entre agosto y marzo. Y eso significa ganancias millonarias para la industria, a costa de los pobladores que se ven obligados a abandonar sus comunidades, pues ya no pueden sembrar.
Este municipio produce más de la mitad de los 9 mil megavatios que genera Oaxaca junto con Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Según la revista Forbes, hasta 2018 en México la inversión estimada en los parques eólicos era de 18 mil millones de dólares, muy por arriba de otras economías emergentes, como las de Indonesia y Turquía, cada una de las cuales invierte mil 800 millones de dólares en la industria eólica; Chile, con mil 400 millones, y Kenia, con mil 300 millones.
La generación de este tipo de energía renovable es estratégica a escala mundial. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se prevé que para 2050 costará 44 billones de dólares hacer el cambio al 100% de energías renovables. De ese tamaño es el negocio para las trasnacionales que ya actúan en el Istmo de Tehuantepec.
La invasión eólica
Creado hace 140 años por comunidades zapotecas, en 2014 Unión Hidalgo pasó de un municipio de autoconsumo agrícola a ser uno de los espacios del negocio eólico internacional más cotizados.
Ese año la empresa española Demex construyó un parque eólico en 2 mil hectáreas y ahora la empresa Electricidad de Francia (EDF), a través de la filial mexicana Eólica de Oaxaca, busca cimentar el parque de 4 mil 400 hectáreas Gunaa Sicarú –mujer bonita, en zapoteco– sobre la zona de riego y en el área pegada al mar, la cual, se estima, generará 252 megavatios (MW), el equivalente al consumo de una población de 500 mil habitantes.
En su página en internet EDF explica que el proyecto eólico Gunaa Sicarú tendrá turbinas eólicas suministradas por la firma Siemens-Gamesa y que fue adjudicado a EDF Renewables por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la segunda subasta de largo plazo.
Óscar Marín, representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, afirma que las dos compañías europeas –Demex y EDF– no han respetado las leyes mexicanas e internacionales de instalar los aerogeneradores hasta que se apruebe por asamblea comunitaria. También, porque han puesto las torres de hélices a menos de un kilómetro de las poblaciones, lo que contraviene las normas, según las cuales la distancia mínima debe ser de 2 kilómetros.
Esta cercanía a las casas, así como el impedimento a que continúen sembrando sorgo, maíz y otros productos en sus tierras, es que ha ocasionado el desplazamiento forzado de muchas familias de este municipio y otros más del Istmo de Tehuantepec, advierte la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc) fundada por Alejandra Ancheita Pagaza, una abogada y defensora de derechos humanos, condecorada en 2014 con el Premio Martin Ennals, el Nobel de los derechos humanos.
Marín señala que no se han cuantificado las familias que han dejado sus tierras afectadas por la instalación de las aerogeneradoras en terrenos comunales, algunas a menos de un kilómetro de colonias, como Los Palmares, algo que está prohibido en los países de origen de las empresas.
“Ha habido desplazamiento muchas veces dentro de la misma población porque algunos de estos aparatos se quedaron a 400 metros de las casas y en la noche no se aguanta el zumbido. Entonces, lo que la gente hace es desplazarse a unos kilómetros de ahí y en el día regresan a trabajar”.
Asegura que las compañías firmaron contratos de renta de las tierras por 30 años a los propietarios e instalaron algunas torres muy cerca de las casas de barrios y pueblos del municipio.
“Imagínese el ruido que provoca eso, puede ser que en el día no moleste porque hay otros ruidos, pero en la noche, cuando ya esta quieta la población, todo silencioso, se oye el aspa de los aparatos y no se aguanta. Los que tienen familia en el municipio se van con ellos a dormir y los que no tienen se van a otras poblaciones. Pero no pueden vender sus casas porque nadie quiere vivir en esos lugares.”
El representante de los bienes comunales de Unión Hidalgo precisa que el desplazamiento no sólo es habitacional, sino también territorial, pues los afectados se van a otros terrenos dentro o fuera del municipio.
Prodesc elaboró un estudio sobre el tema en el que apunta que los desplazamientos en Unión Hidalgo empezaron cuando se instalaron las centrales eólicas en escalas nunca vistas.
“Hemos identificado el desplazamiento a consecuencia de las centrales eólicas, refiriéndonos específicamente a la forma de trasladar, sacar a alguien de una posición, hacia otro lado, lugar o espacio, dejando de lado las prácticas sociales, económicas, religiosas, productivas y de reproducción de las formas de vida.”
Un negocio redondo
Según Prodesc, esos desplazamientos se deben a la fragmentación de la propiedad social de las tierras y los territorios en Juchitán y Unión Hidalgo, y se incrementaron a partir de la instalación de los parques eólicos en los lugares de uso común que antes eran aprovechados para la cacería, recolección de plantas medicinales y la pesca, entre otras actividades.
“Existe un vacío en la regulación de la tenencia de la tierra y esto es aprovechado por terceros para invadir tierras y cederlas en arrendamiento como propiedad privada a empresas de la industria eléctrica de energía renovable. Es el caso de las centrales eólicas Palmita I y Cerro Iguana”, cita la organización, que acompaña a los pobladores de Unión Hidalgo en la defensa de su territorio.
Señala también que los defensores de la comunidad de Unión Hidalgo les expresaron su temor de que la proliferación de parques eólicos que proyecta la firma francesa EDF les dejará un espacio mínimo para sus solares y casas. A mediano plazo, dicen los comuneros, los megaproyectos terminarán por desplazarlos.
“La instalación de parques eólicos sin un proceso de debida diligencia por parte de las empresas coloca en un riesgo elevado a las y los defensores comunitarios. Se deben exigir mecanismos extrajudiciales que sean transparentes, accesibles, efectivos, que llamen a las empresas a rendir cuentas por sus impactos”, demanda esta ONG fundada en 2005.
Alejandra Ancheita destaca que, a través de su filial Eólica de Oaxaca, EDF ya firmó un contrato de compraventa de energía eléctrica y certificado de energía limpia con la CFE.
“El análisis que hemos hecho es que este contrato debería someterse a revisión por parte de la Secretaría de Energía porque, según este acuerdo, la CFE deberá de construir una subestación colectora para este proyecto. Esto es, desde la generación hasta el suministro de energía que se produzca en el parque eólico Gunaa Sicarú, se elevará a través de la línea de trasmisión a la subestación eléctrica colectora de la CFE que construirá. La cual, mediante otra línea de trasmisión, daría la energía de éste y otros proyectos de la región a la subestación ya existente en Ixtepec para ser registrada y utilizada en el suministro de servicios básicos.
“Es decir, la CFE compra la energía generada del parque y también para construir una subestación para almacenarla y distribuirla, lo cual convierte el propio parque y el contrato en algo desventajoso”, dice Ancheita.
En entrevista, sostiene que han identificado un riesgo inminente de desplazamiento forzado de la comunidad Unión Hidalgo, ya que un grupo de personas se vio obligada a escapar para evitar un conflicto.
“La situación de riesgo de las y los defensores de Unión Hidalgo constituye una clara violación al principio libre de la consulta indígena. El nivel de conflictividad y ruptura del tejido social causado por el proyecto Gunaa Sicarú implica la posibilidad de un incidente que genere un costo irreparable para el Estado, la empresa y la comunidad.”
Considera que después de años de conflictividad y ausencia de respeto a los derechos de la comunidad, ya no existen condiciones para construir la central eólica Gunaa Sicarú. Sin embargo, aclara que los defensores de los derechos de la comunidad Unión Hidalgo no están en contra de la energía “verde o limpia”, sino por cómo llegó a la comunidad y porque no les ha traído ningún beneficio.
Gobierno ausente
Prodesc y el comité de defensores de Unión Hidalgo, entre ellos Óscar Marín, advierten: hasta ahora sólo las empresas se han beneficiado, pues las comunidades han visto violentada su cotidianidad por las afectaciones en sus tierras, sus costumbres y sus derechos humanos.
Elena Villafuerte, coordinadora de análisis e incidencia de Prodesc, señala que tanto el municipio como los gobiernos de Oaxaca tienen la responsabilidad de legislar sobre el respeto a los pueblos indígenas y sobre la planeación territorial, en concordancia con la legislación federal.
Por lo que atañe a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, dice, está obligada a determinar los procesos de planeación territorial para evitar que esos proyectos no se sobrepongan unos a otros, como ya ocurre en casos en los cuales los aerogeneradores son propiedad de dos empresas.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene su responsabilidad, como encargada de verificar las evaluaciones de impacto ambiental; debe revisarlas y determinar cuáles son los impactos acumulativos de los parques eólicos y, finalmente, determinar qué proyectos no son viables en el Istmo.
La Secretaría de Economía tiene que vigilar la actuación de las empresas eólicas y de la política comercial de México en el marco del acuerdo con la Unión Europea, que contiene cláusulas en materia energética y que han propiciado la instalación de estos proyectos.
Finalmente, apunta, la Secretaría de Energía, a través de la dirección general de Impacto Social y Ocupación Superficial no sólo debe revisar la evaluación de impacto social de las empresas, sino someter los procesos a consulta cuando se trate de comunidades indígenas, como sucede en Unión Hidalgo.
En ese municipio, donde EDF proyecta la instalación de tres parques eólicos, preocupa que no haya coordinación entre la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía para el otorgamiento de permisos de generación de energía eléctrica.
Explica: en enero de 2017 EDF entregó la evaluación. “Casi al mismo tiempo, en marzo, comenzó a tramitar un permiso de generación eléctrica que se le otorgó en junio y fue por 30 años. Sin embargo, no hubo ningún dictamen del impacto social que determinara si procedía una consulta indígena”.
Advierte Villafuerte que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al determinar que para hacer una consulta en el caso de grandes desarrollos –como el que se intenta hacer en la tercera parte de Unión Hidalgo– debe iniciar con las comunidades indígenas desde la etapa del diseño del proyecto.
Y concluye: “Es decir, EDF diseñó el proyecto firmando contratos de arrendamiento que son ilegales bajo la legislación agraria, solicitó los permisos de generación de energía y sometió a revisión su evaluación de impacto ambiental para tener una autorización. Pero lo hizo sin que la mayoría de la comunidad se enterara”.
