Animal Político
El 7 de septiembre de 2017, un rugido que nació en las profundidades del golfo de Tehuantepec, a unos 170 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas, cimbró al sur del país. Eran las 11:48 de la noche cuando llegó la sacudida: un terremoto de 8.2 grados zarandeó la tierra, tumbó casas y dejó en la calle a 800 mil personas, tan solo en Oaxaca.
“Haz de cuenta que estabas parado en gelatina”, cuenta Edelberto Juan Pineda, habitante de la comunidad de Río Pachiñe, una población que forma parte del municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, y que se ubica en la zona del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones más golpeadas por los sismos de 2017 y las réplicas que siguieron.
“Nosotros ya estábamos durmiendo. Cuando vino el temblor salté de la hamaca y les grité a todos, salgan, salgan. El único que no despertaba era mi Edel, lo tomé en brazos y quién sabe cómo me fui enredando hasta que nos caímos, como pudimos salimos. Yo pensé que la casa se me venía encima porque estaba muy muy duro el temblor. Cuando terminó, el pasillo de la casa donde dormíamos estaba derrumbado”.
Edelberto Juan no exagera. El sismo partió el suelo en dos y abrió grietas de entre 15 y 20 centímetros de ancho y más de metro y medio de profundidad, que corrieron en paralelo por todo el barrio de Los Juanes en Pachiñé.
Desde entonces, lo que la comunidad vive es la falta de atención y respuesta de las autoridades.
Llevan dos años con la incertidumbre sobre si podrán seguir haciendo vida a la vera del río de los teteretes, esos lagartos capaces de correr sobre el agua que hasta hace algunos años poblaban la zona y que le heredaron el nombre a la localidad —päach en ayuuk, o mixe, significa teterete y ñëë, agua—.
Hasta la fecha se han realizado tres estudios de suelo en la zona, dos financiados por organizaciones de la sociedad civil, como la Casa para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, y uno a cargo de Protección Civil de Oaxaca.
Los tres coinciden en el alto riesgo de seguir habitando el barrio de los Juanes.
Rosalva Pérez, doctora en Geología e investigadora de la Unidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Guerrero, autora del tercer estudio señala en entrevista que “el terreno representa una alta vulnerabilidad para ellos. Considerando que la actividad sísmica difícilmente va a dejar de ocurrir entonces sí, sigue siendo de alto riesgo”.
Pero dos años después, de reubicación no se ha dicho nada. De eso no habla ni el gobierno federal, ni en el gobierno del estado, ni el gobierno municipal. Ningún gobierno.
Por el contrario, tras el sismo, a la región llegaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con una única respuesta a la problemática: reconstruyan. Entonces se entregaron tarjetas bancarias con recursos y se presionó una y otra vez para avanzar con la reconstrucción, incluso con la amenaza de que si no lo hacían, se les quitaría la ayuda.
/Reconstruir y la falsa promesa de ser reubicados
El gobernador de Oaxaca, el priista Alejandro Murat, llegó el 16 de septiembre de 2017 a Río Pachiñe. Habían pasado dos semanas desde el primer sismo que golpeó la zona, el 7 de septiembre, y faltaban tres días para que llegara un segundo que complicó todo todavía más.
Murat no llegó sólo a Río Pachiñe. Recorrió la zona con quien fuera el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado, Gerardo Ruiz Esparza.
“Aquí vamos a estar con ustedes hasta que las cosas vuelvan a la normalidad, se arreglen y quedemos mejor de como estábamos antes”, dijo el exfuncionario federal, según se puede apreciar en los videos oficiales del recorrido.
Lo mismo dijo Alejandro Murat cuando se reunió con los damnificados de la comunidad, en el albergue que se instaló en la telesecundaria de Río Pachiñe: “Aquí está su Gobernador y aquí vamos a estar el tiempo que sea necesario”.
“Esos sólo llegaron a la foto —dice Edelberto Juan, o como todos lo llaman Tío Beto—. Él (gobernador) vio físicamente cómo estaban las casas en el suelo, lo vio. Y después, cuando se reunió con nosotros allá en el albergue nos dijo que iba a ver la forma de que nos reubicaran, eso fue lo que dijo: vamos a ver la forma de reubicarlos”.
Dos años después, el geólogo que iba a revisar lo sucedido con el suelo como prometió Murat, no ha llegado, ni se ha reubicado a nadie.
Lo que sí llegó fue el personal Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quienes de acuerdo con un boletín del gobierno de Oaxaca, fueron los encargados de levantar el censo de daños y damnificados en la localidad.
Después llegaron las tarjetas que Sedatu repartió con recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para la reconstrucción.
Griselba Juan Santiago fue una de las personas que recibió una de las tarjetas. La grieta entró a su casa, cruzó el piso y la colapsó. En total fueron 82 viviendas las que se vinieron abajo o fueron severamente dañadas en Río Pachiñe, durante los sismos de septiembre.
Cuando le entregaron la tarjeta le dijeron que tenía hasta tres años para utilizarla. Después trabajadores de Sedatu empezaron a presionarla: “pasaban cada mes, querían ver el comprobante que cuánto gasté, que cuánto pagué de material y qué material había yo comprado, y ellos querían ver mero el recibo, el ticket. Y luego que tenía que construir, pero les dije que no sabíamos si la zona era apta, que había un estudio que se hizo, que se consiguió gracias a Nääxwiin pero que el gobierno no nos daba respuestas”.
“De hecho, mis vecinos construyeron por lo mismo, por la presión de Sedatu, no tanto porque querían construir”, dice Griselba.
Algunas de esas casas reconstruidas ya tienen grietas. En otras, como en las de Edelberto Juan y de Edgar Teodoro Galván, secretario y presidente del Comité de Damnificados de Pachiñé, respectivamente, han detectado hoyos que han ido creciendo hasta convertirse en pequeños socavones.
Esa situación es lo que llevó al Comité de Damnificados a pedir en agosto de 2018 la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
El ombudsman oaxaqueño, Bernardo Rodríguez Alamilla, dice que se ha solicitado información a dependencias estatales, municipales y federales, sobre la situación del Río Pachiñe, pero que tampoco han obtenido respuesta.
“Lo que nos responde Sedatu es que no nos puede dar información porque nosotros no somos una instancia competente y, que se la pidamos a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una respuesta que nos parece grave, porque al final de cuentas, más allá del tema de competencias, lo que hay en riesgo son vidas”.
Esa respuesta de Sedatu salió del escritorio del director adjunto B de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Oscar Ernie Orozco Perea.
Por el momento, dice Rodríguez Alamilla, la Defensoría está armando el expediente para remitirlo a la CNDH.
/ Sin condiciones para habitar
El primer estudio de suelo en la zona del Río Pachiñe se realizó en diciembre de 2018, estuvo a cargo de Raymundo Lucero Vázquez, especialista en Ordenamiento Territorial e integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de México.
Lucero Vázquez estuvo en la localidad y realizó “un reporte técnico de estimación de riesgo geológico”, por intermediación del Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwin. En sus conclusiones establece que “el barrio Los Juanes no debe ser intervenido en la condición actual para edificar vivienda nueva o restaurar viviendas dañadas por el conjunto sísmico reciente”.
En febrero de 2018, tras la presión que ejerció la Coordinación Regional de Damnificados del Istmo, llegó personal de Protección Civil estatal a Pachiñé para realizar un segundo estudio.
En el documento “Reporte de análisis de riesgo de Río Pachiñe en San Juan Guichicovi”, la dependencia concluye que “con el objetivo de no poner en riesgo la integridad de los habitantes se determina que la zona no es factible de seguir ocupando, pues no es segura”.
El problema, explica la doctora en geología por la UNAM, Rosalva Pérez, —y quien realizó el tercer estudio de la zona— es que el suelo en el barrio de Los Juanes está formado por arenas de granos muy finos provenientes de un río o sistemas de ríos, con corrientes de agua muy suaves.
“El caso de Pachiñé es como si tuviéramos un tecorral (un muro de piedras o bloques apilados) y no una mampostería, con bloques unidos con cemento, lo que le da rigidez a la construcción”.
Explica, además, que “las arenas del suelo tienen huecos muy pequeños, es porosa, entre esos huecos puede circular el agua pero también la onda sísmica, de hecho se amplifica: se hace más grande y tarda más tiempo en pasar”.
En el estudio que realizó Rosalva Pérez, y en el que también participó Rafael Durán Maya, director general de Sistemas y Normatividad de Protección Civil Estatal de Guerrero, se pudo medir también la resistencia del suelo.
“La resistencia del material ideal como para una construcción, o para que sea un buen sitio donde hacer una casa, varía entre los 30 y 40 megapascales. En Pachiñé los niveles que obtuvimos en promedio fueron de 5 megapascales, muy muy por debajo de los mínimos. Y en revisiones a metro y medio de profundidad la resistencia era de 3 megapascales”.
El estudio está en su última fase, explica la especialista, y aún no se ha redactado el documento final, pero adelanta que entre las recomendaciones está la de no reconstruir en esa zona porque no es segura.
Una nueva promesa y… otro estudio
Después de ganar la elección presidencial y ya en el periodo de transición de gobierno, Andrés Manuel López Obrador hizo maletas y se lanzó en septiembre de 2018 a recorrer Oaxaca.
En la zona del Istmo anunció su Programa Nacional de Reconstrucción, que sí considera la reubicación de comunidades, e integra al municipio de San Juan Guichicovi, cabecera de Río Pachiñe, dentro de los ocho municipios del Istmo que serán atendidos.
Los integrantes del comité de damnificados de Pachiñé aprovecharon la visita presidencial para entregar un escrito al presidente y pedir que se analice y atienda la situación de la comunidad.
A decir de la propia Sedatu, la información sobre la situación que se vive en el Río Pachiñe llegó a esa instancia de gobierno hasta marzo de este año. La dependencia entregó a Animal Político una tarjeta informativa señalando que apenas hace unos meses, y a través de la Comisión Nacional de Vivienda, supieron del caso.
Dijeron que el futuro de la comunidad se definirá después de que realicen un nuevo estudio del suelo. Otro más.
“En atención a esta solicitud, en coordinación con los tres niveles de Gobierno, se realizó una visita. La comunidad proporcionó una inspección ocular, realizada en 2018 por Protección Civil del Estado, resaltando que la zona está en Alto Riesgo”.
“Posteriormente, se realizó una segunda visita en compañía de técnicos especialistas en geología, geotecnia y estructuras, quienes recomendaron, en una primera etapa, implementar un sistema de monitoreo de la zona y en la siguiente etapa se tiene programado realizar estudios especializados, cuyos resultados se tendrán a finales de noviembre y serán los que indiquen el tipo de intervención que puede ser: medidas de mitigación, reconstrucción de vivienda y/o reubicación”.
La versión de los vecinos de Pachiñé es distinta. Dicen que el personal federal visitó la zona, clavó unas estacas en la zona afectada del barrio de Los Juanes para medir posibles deslizamientos de tierra y que, tras esa maniobra, dijeron que realizarían un nuevo estudio… que podría llevar un año o hasta dos.
No me quiero ir, señor teterete
Edgar Teodoro sabe que tiene que irse. Por su activismo en el Comité de Damnificados y su cercanía con las mujeres de Nääxwiin —que han ayudado a que se realicen estudios de suelo—, sabe que el barrio de Los Juanes podría desaparecer.
Pero ello no implica que no sienta la angustia del desarraigo, del tener que dejar la casa donde creció, donde está su taller, donde ha hecho vida desde hace varias décadas.
“Aquí crecí. Aquí me desarrollé. Aquí están mis hijos. Aquí están mis papás. Aquí murió mi abuelo. Es complicado ese sentimiento del saber que el lugar a donde iba a edificar mi futuro pues ya no lo voy a tener. Sabemos que estamos viviendo encima de arena prácticamente”.
Otros pobladores de Pachiñé, tras dos años de abandono de las autoridades, han decidido mejor olvidarse del tema, dejar de hablar de él. Cerrar sus casas a ojos extraños y comenzar a reconstruir, aún cuando las grietas no dejen de seguirlos, de cruzarlos.
“Nosotros a lo que le tememos profundamente —dice Edgar Teodoro— es a que nos llegara a caer otro sismo, siento que ya no soportaríamos otro más”.
