Como parte de la vinculación y trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llevó a cabo el conversatorio “Protección de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y su defensa estratégica: Derecho a la consulta”, con la participación de Litigio Estratégico Indígena A.C, Oxfam México y Fundación Debido Proceso Legal.
El ombudsman Bernardo Rodríguez Alamilla apuntó que a través del diálogo se promueve una agenda de incidencia en materia de defensa estratégica de derechos humanos de los pueblos originarios, especialmente en el tema de la consulta libre, previa e informada.
Agregó que el ejercicio de este derecho, permite a las personas ejercer en forma plena la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento de la democracia y la gobernanza, sin embargo, la ley en la materia es todavía un pendiente en la entidad.
Por su parte, el presidente de la asociación civil Litigio Estratégico, Carlos Morales Sánchez recalcó la trascendencia de que el Congreso del Estado dé cumplimiento a la sentencia jurisdiccional por la cual deben construir y aprobar la Ley de consulta a los pueblos indígenas, basada en los parámetros propuestos por el sistema interamericano.
Apuntó que a unos días de que venza el plazo fijado por el Poder Judicial para la promulgación de dicha ley –sin que hasta el momento se haya realizado- se continuará con el proceso correspondiente hasta garantizar que la entidad cuente con dicha normatividad.
En su oportunidad la representante de la Fundación para el Debido Proceso, Naayeli Ramírez Espinosa explicó que históricamente el derecho a la consulta ha sido violado sistemáticamente, por ello es de vital importancia que las comunidades que participan estén fortalecidas y sepan qué es lo que esperan del proceso.
El integrante de Oxfam México, Roberto Stefani indicó que las comunidades indígenas deben colocarse en el centro de la discusión de cómo establecer las consultas libres previas e informadas, para que realmente puedan ejercer la libre determinación y autonomía para decidir respecto a sus territorios y recursos naturales.
El organismo autónomo busca que por medio de este tipo de procesos permite construir en forma conjunta con la sociedad civil organizada estrategias de defensa de derechos humanos que permitan fortalecer el ejercicio de la ciudadanía.
