Excélsior
Con recortes presupuestales, menos personal, sin una estrategia clara y bajo el escrutinio internacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tiene la misión a contra corriente de salvar a la vaquita marina de la extinción.
“Por nosotros, por esfuerzos y por instrucciones del señor presidente de la República no paramos, tenemos la indicación de trabajar fuerte”, aseguró la titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera.
En una de sus primeras entrevistas concedidas a un medio de comunicación, la doctora en Derecho sale al paso ante los cuestionamientos sobre la crisis que se vive en el Alto Golfo de California.
“Yo creo que debemos considerar, en primer lugar, que es un tema muy difícil, muy complicado, que ya existía, y que no puede terminarse en ocho meses (sic)”, afirmó.
En esta carrera contra reloj, para evitar la desaparición del mamífero marino en mayor peligro del mundo, la encargada de procurar la justicia ambiental en el país debe detener primero el tráfico ilegal de pez Totoaba, la llamada “cocaína del mar”.
Una actividad ilícita donde se encuentran involucradas bandas del crimen organizado de México y la mafia China, lo que nos puede costar en el corto plazo mayores sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que ya tiene un embargo pesquero contra los productos de la región, y sanciones comerciales por parte de los países miembros de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).
“Es una posibilidad de embargo comercial, que yo creo que puede y debe evitarse, tenemos que trabajar muy fuerte en todo lo que esté a nuestro alcance y un poco más”, manifestó.
A pesar de que la vigilancia es un punto medular para evitar que la vaquita siga muriendo ahogada en las redes de pesca prohibidas colocadas para capturar al pez Totoaba, en veda desde 1975, la Profepa sólo cuenta con cuatro inspectores para cuidar el Área de Refugio de la Vaquita Marina, que abarca mil 841 kilómetros cuadrados, donde cabe completa la Ciudad de México, que ocupa una superficie de mil 485 kilómetros cuadrados.
“Si es cierto que traemos cuatro inspectores, los vamos a duplicar, vamos a meter 10 en total para vigilar ahora que empieza la temporada de camarón; lo que estamos haciendo es administrar lo mejor que podemos los recursos con los que contamos”, indicó Blanca Alicia Mendoza Vera.
Los inspectores federales tienen un sueldo quincenal de cuatro mil doscientos pesos y no cuentan con instalaciones ni lanchas para trabajar, después de que el pasado 28 de marzo, una turba enardecida quemó el predio donde resguardaban las embarcaciones menores y redes decomisadas a pescadores furtivos, lo que impide que puedan realizar su labor.
