La Jornada
Un juez federal con sede en la ciudad de México le negó un amparo a Javier Nava Soria (denominado por las autoridades JNS), contador y uno de los principales operadores de la red de corrupción que presuntamente encabezaba el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Nava Soria buscaba la protección de la justicia contra los actos privativos de la libertad y el auto de vinculación a proceso del pasado 31 de enero que por segunda ocasión le dicto un juez de control del reclusorio Norte al argumentar que prevalecía el riesgo de fuga.
A principios de este año el impartidor de justicia rechazó concederle la libertad provisional a Nava Soria, procesado por lavado y asociación delictuosa, mismos delitos por los que fue sentenciado el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego de ser extraditado en julio de 2017 de Guatemala a México y quien en la actualidad cumple sentencia de nueve años.
El 19 de febrero de 2017, Javier Nava fue detenido en Madrid por elementos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y puesto a disposición de la Brigada Provincial de esa Comisaría, a fin de formalizar su extradición.
Un año después, en febrero de 2018, Javier Nava Soria, llegó a la capital del país deportado de España, tras 12 meses de arresto y luego de que autoridades mexicanas lo señalaron como supuesto integrante de la trama de lavado de dinero atribuida a Duarte de Ochoa y en diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, elaborando contratos a empresas fachada y usando testaferros.
Ese mismo mes un juez de control federal lo vinculó a proceso por primera vez, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Ministerio Público Federal acusa a Nava Soria del desvío de 223 millones 300 mil pesos 963 pesos a través de la empresa fachada Brades, de la que fue comisario, recursos del erario de Veracruz, entre 2011 y 2016, algunos de la Secretaría de Educación estatal durante la administración del ex mandatario.
El imputado permanece en el Reclusorio Norte –donde también se encuentra Duarte–, ya que el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia ratificó la prisión preventiva oficiosa y justificada y consideró suficientes y razonables los 43 datos de prueba que presentó el Ministerio Público Federal (MPF).
En el juicio de amparo que solicitó Nava Soria, de nuevo negó ser comisario de Brades, así como tampoco aceptó la responsabilidad en los delitos que la fiscalía le imputa, y reiteró que nunca firmó documentos vinculados con operaciones ilícitas y que sólo realizaba trámites fiscales. Sin embargo, su abogado no ofreció más documentos de prueba a favor y también rechazó las imputaciones de la fiscalía.
Por su parte el juez federal que le negó el amparo argumento que los datos de prueba que fueron vertidos ante el juez de control son aptos y suficientes para tener por justificados los hechos delictivos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputan al contador, así como la probable intervención del ahora quejoso en ellos.
“En consecuencia, al no vulnerarse derechos fundamentales de la parte quejosa, se niega el amparo y la protección de la justicia federal, solicitado contra el acto de la autoridad responsable Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en funciones de juez de control, que consisten en el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de 26 de febrero de 2018, y de forma escrita el 31 de enero de dos mil 2019, por la probable comisión de los hechos delictivos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita” indica la resolución.
