La Jornada
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha visto disminuido su presupuesto en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. En 2020 se tienen previsto un recorte de 21.1 por ciento frente a 2019, lo que impactará en proyectos carreteros en varios estados, como en Veracruz.
“No estamos contentos con eso. Obviamente no estamos contentos con eso, ya lo manifestamos en las más altas esferas de este gobierno”, respondió el funcionario a Norma Azucena Rodríguez, durante su comparecencia en comisiones de la Cámara de Diputados.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática sostuvo que en recursos para caminos rurales y carreteras alimentadoras, en el ejercicio anterior se destinaron a nivel nacional 15 mil millones de pesos, para el entrante se proponen 9 mil 500 millones de pesos. Para Veracruz en este ejercicio se dieron mil 492 millones de pesos en dicho programa, para el 2020 se proponen 895 millones, una reducción de casi 600 millones de pesos.
En los mismos términos se pronunciaron otros diputados, pero, Antonia Natividad Díaz Jiménez, de la bancada de Acción Nacional aireó una serie de quejas contra el gobierno. “Les ha servido mucho para aprender lo que no sabían de la administración pública”, dijo al advertir la caída de más de 5 por ciento en presupuesto en inversión física para 2020. Advirtió que en su entidad, Oaxaca, no han visto resultados.
“¿Hasta cuándo se pondrán a trabajar sin culpar a las administraciones pasadas?, cuestionó la legisladora que también acusó inseguridad en la red carretera con responsabilidad para la SCT.
“Me regañaron por muchas cosas de las que no tengo la culpa, pero bueno, voy a responder en lo que a mí corresponde”, respondió el secretario. Abundó sobre el trabajo en Oaxaca: “no por emular a nadie, pero yo tengo otros datos”.
Dijo que esta año se asignaron 820 millones de pesos para carreteras libres de peajes; 60 millones para construir víss federales y más de 2 mil millones para carreteras rurales en la entidad. “Es la inversión más alta del presupuesto de egresos de la federación en un estado”, aseguró el funcionario.
Adelantó que el 11 de noviembre se arrancará con el avance de 62 caminos rurales es la entidad. “Si le hacemos caso, reconsideramos cómo estamos trabajando”, abundó.
“Usted sabe que su sector está en subejercicio, que las asignaciones regionales han sido arbitrarias, sabe que la industria de la construcción está estancada y que la única razón que da su gobierno es que todo está frenado porque está combatiendo la corrupción”, reviró el también panista Francisco Luévano.
Su correligionario Ernesto Robledo en términos más amistosos se dirigió al secretario, en particular sobre el próximo año: se estima un presupuesto de uno por ciento presupuesto programable a inversión infraestructura. “Seguro que usted ya vio este presupuesto. No le va alcanzar para nada”, espetó al secretario. Le prometió luego “cuente con los diputados del PAN” para conseguir más dinero. “Aquí Hacienda no es nada”.
Así lo hizo también desde Morena Ricardo Exsome Zapata, presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, quien le ofreció al secretario ir “juntos a la Secretaría de Hacienda para aumentar el castigado presupuesto para el próximo año”, ya que este dependen de un programa nacional de infraestructura.
“Le acepto esa provocación que me hace, mejor lo acompaño yo a usted’, respondió el Jiménez Espriú casi al cierre de las seis hora que duró su glosa en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes e Infraestructura.
Pese a que en las más de cinco horas que duró la comparecencia del secretario, camiones de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) se apostaron en la puerta 1 de la Cámara de Diputados, las exigencias fueron apenas tocadas por los legisladores y el secretario.
La víspera, la organización cumplió la advertencia de realizar diversos bloqueos con la petición de más seguridad de carreteras, menores costos en gasolinas, la eliminación de dobles remolques, entre otras medidas.
Javier Jiménez Espriú dijo que hay 60 mil dobles remolques operando en el país. “Muchos no tienen problema porque cumplen la norma”, aseguró. Aún con ello se revisan las concesiones en este tipo de transporte. A la par, se promueve la reglamentación de tarifas igualitarias para grúas, pero “hay intereses” que lo impiden.
