La Jornada
La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados exonerará de la solicitud de juicio político a los 12 diputados del PAN, cinco del PRI, tres de Morena y uno de Transformemos que aprobaron un artículo octavo transitorio a la Constitución de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla Valdez.
La subcomisión, que preside Rocío Barrera Badillo (Morena), se reunirá el jueves para conocer el dictamen donde se prevé que no ha lugar a proceder a juicio político contra los legisladores de la entidad, porque actuaron “en libre ejercicio de su cargo… que conlleva la representatividad política de los electores y su criterio de vencedor en la contienda electoral”.
El dictamen, que circuló ayer entre los integrantes de la subcomisión, reconoce que con las pruebas aportadas por la bancada del PRD en la Cámara de Diputados se advierte la existencia de un acto u omisión por parte de la mayoría en la 23 Legislatura estatal.
Y añade: Cierto es, pero que la magnitud del mismo no es de los propios que conculcan con carácter de gravedad contrario al interés general y que no implica que el interés de la sociedad se haya visto lesionado en forma tal que el bienestar común y cohesión social se vean afectados.
Además, para la subcomisión resulta improcedente la presente denuncia puesto que el Poder Judicial no se ha expresado al respecto, por lo que el fondo está sujeto a juicio y porque los hechos narrados no se encuadran en los supuestos que la norma regula como graves y sustancialmente políticos.
La instancia jurisdiccional de la Cámara integró el expediente SEPJP/LXIV/058/2019, a partir de la solicitud de juicio político que interpuso el 21 de octubre la bancada del PRD, una vez que se publicó en el Periódico Oficial de Baja California el decreto 112 de la legislatura local, que añadió un artículo transitorio para que el gobernador electo de esa entidad, que inició el primero de noviembre, concluya hasta el 31 de octubre de 2024, y no en 2021, como se convocó el proceso que ganó Bonilla.
Según el dictamen, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé que se sancionará cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
No obstante, para la subcomisión debe prevalecer la interpretación de equidad entre los poderes y la soberanía y autonomía de los estados.
