El Economista
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Humanos, urgió este jueves a México a desmilitarizar la Guardia Nacional y a resolver el caso de los 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
La ONU fijó un plazo de hasta dos años para que el gobierno mexicano presente resultados a las dos solicitudes.
En su sexto informe periódico de México a cargo del Comité, la ONU pidió reformas en el entrenamiento de las filas de la Guardia Nacional para evitar abusos que el Comité ha denunciado en otras fuerzas de seguridad mexicanas.
Estrategia de seguridad de AMLO rendirá frutos paulatinamente, asegura Durazo a senadores
Hemos planteado cambiar radicalmente el modelo de coerción policial-militar de carácter puramente reactivo, por una política de visión amplia y profunda basada en un concepto integral de seguridad, dijo Alfonso Durazo ante senadores.
La Guardia Nacional, conformada mayoritariamente por militares, es la estrategia de López Obrador para frenar la creciente violencia en México, aunque desde inicios de junio sus elementos fueron desplegados para contener a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos.
“El Estado debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas de orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil”, apuntó la ONU.
Caso Ayotzinapa
La ONU también lamentó, que pese a la gravedad del caso Ayotzinapa y pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y las medidas adoptadas, “el Estado parte no ha esclarecido el paradero de los estudiantes”.
“Debe reforzar la capacidad de investigación e independencia de todos los actores involucrados en la investigación”, subrayó.
La noche del 26 de septiembre de 2014, decenas de estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa se dirigieron a Iguala, en el sureño estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que utilizarían para sus manifestaciones.
Pero fueron capturados por policías coludidos con el cartel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos. El caso desató indignación mundial.
En el gobierno anterior, la fiscalía sostuvo la hipótesis de que los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados, lo que ha sido cuestionado por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Piden no echar en saco roto recomendación
José Trinidad Larrieta, realizó un llamado para que en las nuevas indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se sigan las recomendaciones realizadas por el órgano garante el año pasado y se reconsidere a las personas sobre las cuales se emitieron recompensas para dar con su paradero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha creado una Comisión de la Verdad para el caso, mientras la fiscalía general se comprometió a reiniciar la investigación “casi desde cero”.
El Comité también urgió al gobierno mexicano a poner fin al acoso a periodistas y defensores de derechos humano, y subrayó su preocupación por el maltrato a los migrantes indocumentados que cruzan el país con rumbo a Estados Unidos.
México es considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con 11 profesionales asesinados en lo que va del 2019.
