La Jornada
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que el proyecto de presupuesto 2020 para el sector incluye un incremento de 4.3 por ciento, lo que representa, afirmó, un alza a lo atorado en 2018 y 2019.
Agregó que de forma adicional al monto que se apruebe en el Congreso de la Unión para la inversión en salud, se destinarán 40 mil millones de pesos al Instituto Nacional del Bienestar (Insabi), que sustituye al programa de Seguro Popular.
En entrevista, luego de participar en la conmemoración del 40 aniversario del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Múñiz, destacó que existe el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador que “si fuese necesario, si se requiere y se justifica adecuadamente no va a haber límite (en el presupuesto), porque se trata de una inversión”.
En cuanto a las quejas de trabajadores del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía por el desmantelamiento de equipo especializado, aseguró que el organismo enfrenta un “cambio tecnológico” y un ajuste en su equipamiento. Destacó que desde hace más de un año dejó de operar un equipo para realizar tomografías muy especializadas debido a que se detectó una falla eléctrica, pero “se va a restablecer”.
Alcocer Varela aseguró que este “ajuste” tecnológico no está generalizado en todos los institutos nacionales, donde aseguró que “no se ha visto afectado o reducida la atención (a pacientes), aunque reconoció que hay la necesidad de “reajustar la llegada de pacientes a un instituto donde no hay otro referente tan claro y definido de las enfermedades neurológicas. Esto se está evaluando a través de un sistema puntual que es referencia contra referencia para que, una vez atendidos los pacientes, regresen al hospital de donde fueron referidos”.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Psiquiatría, Dr. Eduardo Ángel Madrigal de León, reconoció que aún se enfrentan rezagos en materia de salud mental, entre ellos, la construcción de más infraestructura, pero también destacó que “preocupa algunos calificativos, señalamientos y decisiones” que se han tomado en otros niveles de la administración federal, y que han puesto en riesgo “no a la instituto, sino nuestro orden y la manera de organizar las complejas tareas que nos ocupan”, lo anterior en referencia a las medidas de austeridad emitidas por el gobierno federal, que implicó el recorte de plazas.
