La Jornada
En su balance sobre el rumbo de la seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el país aún resiente las secuelas de la irresponsable política de guerra contra el narcotráfico que emprendió el entonces Jefe del Ejecutivo Felipe Calderón en 2007, lo que desató una crisis de muertes, desaparecidos y violación a derechos humanos. Subrayó que su visión imprime un cambio de paradigma que parte de promover la justicia social, reconociendo la necesidad de serenar al país como uno de sus principales retos.
Entre 2006 y 2018 pretendieron enfrentar la inseguridad y violencia mediante acciones de fuerza militar sin atender las causas del problema, con un resultado catastrófico y un saldo pavoroso de muertos, heridos y desaparecidos, una descomposición institucional y un gravísimos daño al tejido social.
“Esta irresponsable decisión condujo a soldados y marinos a una guerra, con ajusticiamientos, masacres o exterminio”, dijo López Obrador.
Censuró el elevado número de legalidad que bajo la administración de Felipe Calderón se registró, esto es un mayor número de muertos sobre los heridos y detenidos
En este contexto, reivindicó la participación de las fuerza armadas en materia de seguridad bajo el nuevo esquema de respeto a los derechos humanos.
Asumió que hay un apoyo de soldados y marinos, pues “la lealtad de fuerzas armadas no está en tela de juicio; como pueblo armado, los soldados y marinos participaron al cien por ciento en la transformación de la patria”.
En este contexto, señaló que el Ejército y la Marina no se utilizará más para reprimir al pueblo, pero destacó que con el apoyo del éste y la coordinación institucional se podrá serenar al país.
