La Jornada
La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien en la actualidad se encuentra en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha, pidió a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), que si la fiscalía a su cargo demuestra que tramitó una licencia de conducir con un domicilio falso, se declara culpable. Pero si no proceda “con todo el peso de la ley” contra quien ha actuado con dolo en su contra “y también algo muy sencillo: que se procure justicia no venganza por consigna”.
Reiteró una vez más que en este proceso no se le trata como una ciudadana con derechos, sino como “una enemiga a la que hay que aniquilar. La decisión de iniciar un juicio político en la Cámara de Diputados confirma está situación”.
A través de una carta que publicó su hija Mariana Moguel a través de redes sociales, la ex secretaria de Estado acusada por ejercicio indebido del servicio público, al ocasionar un presunto quebranto al erario por 5 mil 73 millones de pesos, le escribe al fiscal federal diciéndole que está segura que no ha sido informado “de las mentiras y los delitos” que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de su libertad y que la detención “arbitraria” violenta la Constitución al nuevo sistema se justicia penal así como a la democracia.
En el documento de tres cuartillas, Robles Berlanga asegura que el testimonio “sin pruebas” de un ex colaborador (José Antonio Orozco Martínez, entonces director general de geoestadística y padrones de beneficiarios de la Sedesol) señala que le advirtió desde 2014 de un modus operandi que implicaba firmas y convenio con universidades (públicas y estatales) y que él se rehusó a realizar tal acción.
“Obviamente no le voy a adelantar pruebas, sólo le mando una muestra: la primera página de un acta de finiquito de un convenio (el que dijo desconocer tal persona) en el que aparece como representante de Sedesol para recibir los trabajos acordados con la Universidad de Morelos. La delación premiada a cambio de no aplicar la ley no creo sea su estilo y menos cuando se trata de una mentira”.
En ese sentido comentó que la falta de arraigo domiciliario basado sobre todo en un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (Cenapi) que indica del trámite de licencia de conducir con una dirección diferente, Rosario Robles insiste que esa no es suya. “La que sí es verdadera tiene fecha de 21/02/1986 y que repuse el 28/03/2018, casualmente el mismo día que aparece en la fake (falsa) licencia. Pero el problema no es eso. Ni la firma, ni la huella digital es de una servidora, y la fotografía fue extraída de Internet”.
Por ello expresó que el Ministerio Público Federal hasta para fabricar pruebas “son malos” ya que la dirección que se asienta no existe en la Ciudad de México. “El asunto es que claramente quien firma el oficio de Cenapi pide al MP que corrobore la información, cuestión que evidentemente no hizo por lo que le he pedido a mis abogados que procedan legalmente.
“Estoy segura que usted desconocía de esto por eso le mando copia de la famosa prueba y de mi verdadera licencia. Tan estoy segura que no miento que le propongo algo recurriendo al hombre cabal que yo conocí: sí la fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta Fake/licencia existe y ahí he vivido, yo me declaro culpable. Pero si no le pido actúe con todo el peso de la ley contra quién ha actuado con dolo. :También algo muy sencillo: que se procure justicia y no venganza por consigna”.
Robles Berlaga le recordó a Gertz Manero que desde que tuvo la oportunidad de conocerlo en el gobierno del ingeniero Cuahutémoc Cárdenas y después siendo jefa de gobierno y él secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México “constató su profesionalismo. “Usted me conoce bien y sabe perfectamente que no acostumbro a rehuirle a los problemas…Usted sabe que tomo el toro por los cuernos y no me escondo, por eso me presenté al citatorio judicial porque soy inocente y lejos de la imagen que han querido mostrar a mí no me han encontrado ni ranchos, ni propiedades lujosas, ni nada que acredite que yo me he enriquecido al amparo del servicio público. Ese es mi mayor orgullo: lo poco que tengo es producto de mi trabajo. Por eso es ridículo que se pida y decida privarme de la libertad con el argumento de que hay riesgo de que evada a la acción de la justicia sin presentar ninguna prueba que lo demuestre, violando con ello el debido proceso y la presunción de inocencia”.
