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El pleno del Senado aprobó en lo general con 64 votos en favor, 39 en contra y dos abstenciones, el proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, con lo cual se dará beneficios fiscales a personas físicas y morales cumplidas.
Con el aval a esta minuta que se remite al Ejecutivo federal se pondrá fin a las verificaciones de actividades comerciales que generan corrupción, al pasar de la fiscalización a un sistema fundado en la buena fe.
La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana establece las bases de acciones y programas que las dependencias públicas deberán llevar a cabo con el objetivo de impulsar la confianza, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica.
La aplicación de esa normativa corresponderá a la Secretaría de Economía, por conducto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Se señala que esa jurisdicción no será aplicable en materias fiscal, aduanera, del trabajo, de seguridad social, de comercio exterior y respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a las auditorías y visitas instruidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además se creará un Padrón Único de Confianza, con el propósito de capturar, almacenar, custodiar, consultar, administrar y transmitir información concerniente a los contribuyentes que podrán ser beneficiarios de los programas.
Dicho padrón formará parte del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria, y se considerará como una base de datos en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
